En las calles de la capital ya hay al menos 1,050 personas identificadas en situación de calle. Frente a esta realidad, las instituciones comienzan a delinear una ruta de atención que incluye una comisión interinstitucional, jornadas de acercamiento y un centro en Las Garzas con capacidad para 250 personas.
El problema es que esa cifra no representa a todo el país. Panamá todavía no tiene un registro nacional de personas en situación de calle. El único levantamiento sistemático corresponde al distrito de Panamá, donde más del 90% de los casos identificados está relacionado con problemas graves de adicción, según información del Municipio de Panamá y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El dato ayuda a dimensionar el desafío. Para Rossana Muñiz, directora de Servicios de Protección Social del Mides, las razones que llevan a una persona a vivir en la calle son diversas: adicciones, violencia, pobreza extrema, abandono familiar o problemas de salud. Por eso, sostiene, no existe una respuesta única para todos los casos.
La comisión
Con ese escenario se creó la Comisión Interinstitucional para la Garantía de Derechos y la Atención Integral de las Personas en Situación de Calle, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 11 del 23 de julio de 2026. La integran entidades públicas, municipios y organizaciones de la sociedad civil, cuyos representantes ya comenzaron a distribuir el trabajo en siete mesas técnicas. El objetivo es coordinar la identificación, atención y seguimiento de las personas, así como ampliar la recopilación de información a otros municipios.
Ese trabajo tiene un antecedente. Desde 2024, el Mides mantiene jornadas semanales con el municipio capitalino y ha clasificado los casos según las circunstancias que llevaron a cada persona a vivir en la calle.
Algunas pudieron ser atendidas mediante alternativas de protección, entre ellas, personas que huían de situaciones de violencia y menores de edad. Otros casos permanecen sin una salida inmediata, principalmente por problemas de adicción.
Centro de atención
En este último grupo se concentra parte de la respuesta que las autoridades preparan en Las Garzas. El centro estará destinado a personas con problemas de consumo que acepten voluntariamente iniciar un proceso de resocialización. El programa contempla normas de convivencia, habilidades para la vida y capacitación laboral, con apoyo del Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (INADEH), para que los participantes aprendan oficios y puedan generar ingresos.
El Centro de Atención Integral para Personas Habitantes de Calle tendrá capacidad para 250 personas: 150 hombres y 100 mujeres. Estará dividido en dos pabellones y contará con dormitorios, comedor, cocina, lavandería, servicios de aseo y espacios para atención médica, además de áreas destinadas a terapias individuales y grupales.
La propuesta busca que la atención no se limite al alojamiento. El centro ofrecerá orientación y atención psicológica y médica, alimentación y suministros básicos, además de talleres de manualidades, ebanistería, electricidad, plomería y soldadura.
La Alcaldía de Panamá también informó que contempla un equipo interdisciplinario para realizar el censo, diagnóstico y seguimiento de cada persona que ingrese al centro.
La recuperación
La intención es que quienes lleguen puedan iniciar procesos de recuperación, adquirir herramientas para la vida y reconstruir sus redes de apoyo. Pero las 250 plazas representan solo una parte de la respuesta frente a las 1,050 personas identificadas en el distrito de Panamá y ante una realidad que todavía carece de una cifra nacional.
La atención, además, tiene un límite legal. Muñiz advierte que el Estado no puede retirar por la fuerza de la calle a una persona que no está cometiendo un delito. Vivir en situación de calle no está penalizado en Panamá. Si una persona comete un hurto u otra conducta sancionada por la ley, las autoridades deben actuar sobre ese hecho.
Frente a la situación de calle, en cambio, la respuesta debe partir del ofrecimiento de servicios y del acompañamiento. “No todas las personas quieren o pueden abandonar inmediatamente esa condición, por lo que las instituciones deben trabajar con alternativas distintas según cada caso”, puntualizó.
