La ampliación y rehabilitación de la carretera Omar Torrijos, en el tramo Corozal-Red Tank-vía Centenario, no contempla el desplazamiento temporal ni permanente de comunidades ni que las personas deban abandonar sus viviendas debido al proyecto, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III aprobado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) mediante la Resolución DEIA-IA-021-2026, del 13 de mayo de 2026. La resolución autorizó ambientalmente la ejecución de la obra impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La información cobra especial relevancia debido a que viviendas y establecimientos comerciales se ubican cerca de la vía existente, lo que ha generado inquietud y cuestionamientos entre residentes y propietarios ante la posibilidad de demoliciones, adquisiciones de terrenos o modificaciones permanentes en los accesos a sus propiedades.
La preocupación también está influenciada por los antecedentes del proyecto. En 2018, una versión anterior de la obra quedó inconclusa en medio de cuestionamientos relacionados con su impacto ambiental.
Según el nuevo EIA, el rediseño del proyecto busca reducir la huella ambiental mediante la eliminación de intercambiadores de gran escala y la concentración de las intervenciones en zonas previamente impactadas.
En el apartado de impactos sociales, el estudio identifica como una de las principales consecuencias de la etapa de construcción la “afectación temporal de propiedades privadas, servicios públicos y áreas recreativas”. De acuerdo con el documento, las obras podrían interferir con los accesos habituales a viviendas y negocios ubicados dentro del área de influencia directa del proyecto.
El EIA advierte que podrían registrarse afectaciones a infraestructuras de servicios públicos, como redes eléctricas y de telecomunicaciones, que tendrían que ser reubicadas para permitir el desarrollo de los trabajos. Este tipo de intervenciones podría generar inconvenientes temporales para residentes y comerciantes; sin embargo, el estudio sostiene que estos impactos pueden mitigarse mediante la implementación de medidas específicas de manejo ambiental y social.
Asimismo, reconoce que algunas actividades recreativas desarrolladas en la zona, como la pesca deportiva y el senderismo en El Guardaparque, podrían verse afectadas durante la ejecución de las obras.
El análisis socioeconómico incluido en el estudio señala que el proyecto “no implica el desplazamiento de comunidades humanas o individuos, de manera temporal ni permanente”, es decir, que no está previsto que las personas tengan que abandonar sus viviendas debido a la ejecución del proyecto.
No obstante, el documento no precisa cuántas propiedades podrían verse afectadas por cambios en sus accesos ni detalla si el diseño definitivo requerirá expropiaciones puntuales para desarrollar elementos específicos del proyecto, como retornos, intercambiadores viales o ampliaciones adicionales del derecho de vía.
El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 6.8 kilómetros de carretera entre Corozal y la vía Centenario. Entre las obras previstas figuran la construcción de una vía de cuatro carriles, retornos a nivel y elevados, un intercambiador vial, dos puentes peatonales, una ciclovía y mejoras al sistema de drenaje pluvial. Además, incorpora medidas orientadas a reducir el impacto ambiental en comparación con la propuesta desarrollada años atrás.
El EIA define el Área de Influencia Directa (AID) como la huella de intervención del proyecto, que abarca aproximadamente 40.6 hectáreas a lo largo de los 6.8 kilómetros del trazado propuesto entre Corozal y la vía Centenario. Esta área comprende la ampliación de la carretera y sus estructuras auxiliares dentro de la servidumbre vial prevista, e incluye la rehabilitación de un acceso existente próximo al puente sobre el río Cárdenas, que conecta con la cantera y los senderos El Guardaparque.
De acuerdo con el EIA, la nueva configuración busca minimizar la intervención sobre áreas boscosas y concentrar la mayor parte de las obras en espacios previamente alterados. Esta estrategia forma parte de los cambios introducidos al diseño original con el objetivo de disminuir la afectación sobre ecosistemas sensibles ubicados en el entorno del proyecto.
Impactos temporales y mitigables
Aunque el estudio sostiene que los principales impactos sobre las propiedades serán temporales y mitigables, corresponderá al MOP aclarar, a medida que avance hacia la fase constructiva, si será necesario adquirir terrenos adicionales o modificar de forma permanente los accesos a viviendas y establecimientos comerciales ubicados dentro del área de influencia del proyecto.
En total, el EIA identificó 29 impactos potenciales derivados del proyecto durante sus fases de construcción y operación. Durante la etapa constructiva se prevén afectaciones relacionadas con el tránsito vehicular, el acceso a propiedades, la reubicación de servicios públicos y la alteración temporal de algunas actividades recreativas.
La aprobación ambiental del proyecto ofrece algunas respuestas a las preocupaciones de residentes y comerciantes, especialmente al descartar el desplazamiento de comunidades. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la forma en que el diseño definitivo de la obra podría incidir en la conectividad y accesibilidad de las propiedades ubicadas a lo largo del corredor vial.
