El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó su preocupación sobre el proyecto de ley No. 59 del 6 de agosto de 2024, que busca modificar la Ley 57 de 2011, General de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados. Esta propuesta, presentada por el diputado panameñista José Luis ‘Popi’ Varela, pretende flexibilizar el acceso a armas para comunidades rurales y actividades agropecuarias. En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Camacho, Navarro solicitó el retiro del proyecto por sus implicaciones negativas para la biodiversidad y la seguridad del país.
El ministro destacó que, aunque la intención de la propuesta es apoyar la actividad agropecuaria y proteger los cultivos y el ganado frente a amenazas como plagas y especies invasoras, el proyecto podría tener consecuencias devastadoras para la fauna panameña.
Navarro advirtió que la flexibilización en el acceso a armas facilitaría la caza ilegal, poniendo en riesgo especies en peligro de extinción. Además, señaló que el proyecto carece de salvaguardas para evitar que las armas sean utilizadas en actividades ilícitas, como la caza furtiva, lo que contravendría los esfuerzos de conservación ambiental.
Uno de los puntos más críticos para el ministro es la delegación de la responsabilidad de registrar las “armas agrícolas” a los municipios. Según Navarro, aunque la descentralización podría parecer una solución práctica, muchas municipalidades no cuentan con los recursos ni el conocimiento técnico necesario para garantizar un control adecuado sobre el uso de estas armas. Esto podría generar irregularidades y debilitar los controles nacionales establecidos por el Ministerio de Seguridad, lo que afectaría la eficacia de las políticas de control de armas y seguridad en el país.
Regulación de caza deportiva
El ministro también advirtió que la modificación de la Ley 57 de 2011, al fragmentarla, podría crear conflictos normativos que dificulten su aplicación efectiva. La falta de coherencia en la legislación sería perjudicial tanto para el control de armas como para la conservación ambiental, lo que podría desarticular los esfuerzos para regular el acceso a armas de manera centralizada y fortalecer los mecanismos de protección de la biodiversidad.
Navarro contrastó el proyecto con la Ley 3 de 1994, que regula la caza deportiva en el país. Esta legislación establece requisitos claros, como la obligatoriedad de permisos y registros de armas, así como restricciones en las áreas protegidas y el uso de métodos no autorizados, como luces artificiales y miras telescópicas. El ministro subrayó que estas regulaciones buscan equilibrar las actividades humanas con la conservación de los ecosistemas, algo que el proyecto de ley No. 59 podría poner en peligro.
Finalmente, Navarro instó a redirigir el enfoque legislativo hacia el fortalecimiento de herramientas de manejo sostenible y programas de educación ambiental para el sector agropecuario, en lugar de flexibilizar el acceso a armas. En este sentido, destacó la importancia de crear políticas que promuevan la sostenibilidad en la producción agrícola sin comprometer el equilibrio ecológico del país.
Por su parte, el diputado Varela defendió su proyecto, argumentando que la modificación permitiría a los agricultores proteger sus cultivos y ganado de manera más eficiente, mejorando la estabilidad de la producción agrícola. Según Varela, esta medida sería un reconocimiento al trabajo rural y su contribución a la economía del país, garantizando un abastecimiento de alimentos más seguro y sostenible.