El 2 de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la legalidad del Decreto Ejecutivo No. 14 de noviembre de 2023, emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que reglamenta la Ley No. 204 de marzo de 2021 sobre pesca y acuicultura.
Este decreto elimina la pesca de arrastre de especies como corvina, pargo, lenguado y cabezón, prácticas consideradas por ambientalistas como altamente destructivas para los ecosistemas marinos.
La decisión llega después de la polémica generada por el Decreto Ejecutivo No. 13 de noviembre de 2023, que había incluido la pesca de arrastre de peces como una pesquería “ya aprovechada”, lo que provocó un fuerte rechazo entre organizaciones ambientales y expertos.
En respuesta a las críticas, la pasada administración emitió el Decreto 14, que prohibió la pesca de arrastre para peces y actualizó las sanciones por pesca ilegal. Sin embargo, el tema fue llevado a la Corte mediante un proceso de nulidad presentado por sectores que buscaban invalidarlo. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2023, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) se sumó al proceso para sustentar ante la CSJ la importancia y legalidad del decreto.
Adjuntos
Decreto 14.pdfEl CIAM celebró la resolución de la Corte y reafirmó su compromiso con la protección de los océanos. La CSJ también aclaró que su fallo solo afecta la pesca de arrastre dirigida a peces, manteniendo la legalidad de la pesca de camarón, regulada en Panamá desde hace más de 40 años.
La controversia surgió principalmente a raíz del artículo 17 del Decreto 13, que permitía prácticas de pesca sin los estudios técnicos y ambientales previos necesarios. En su momento, Ricardo Wong, presidente de ProMar, denunció que esta medida intentaba regular actividades sin la debida investigación.
A pesar del debate, el sector pesquero expresó preocupación por el impacto de la prohibición sobre prácticas tradicionales como la pesca de cojinúa y langosta.
No obstante, para los defensores del medio ambiente, la pesca de arrastre sigue siendo una de las técnicas más destructivas, ya que afecta tanto a las especies objetivo como al fondo marino y el plancton, elementos esenciales para la salud de los ecosistemas.
Para los ambientalistas, con la ratificación del Decreto 14 por parte de la CSJ, Panamá da un paso importante en la protección de sus ecosistemas marinos. La decisión representa un avance hacia la sostenibilidad de los recursos pesqueros, buscando un equilibrio entre la conservación ambiental y la viabilidad económica del sector.
Sin embargo, el país aún enfrenta el reto de fortalecer políticas públicas que garanticen la sostenibilidad de los océanos, la protección de la biodiversidad y la seguridad alimentaria de las generaciones futuras.
