Crisis en Azuero: el deterioro del río La Villa expone décadas de abandono

Crisis en Azuero: el deterioro del río La Villa expone décadas de abandono
Río La Villa, a la altura de Macaracas, provincia de Los Santos. Alexander Arosemena

El río La Villa, principal fuente de agua potable para las provincias de Herrera y Los Santos, enfrenta desde hace más de una década una grave crisis de contaminación que amenaza la salud de miles de personas.

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Ya en 2005, los jefes de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud (Minsa) enviaron una carta al director y subdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), alertando sobre el alto grado de contaminación en la subcuenca del río Estibaná, afluente del río La Villa.

En esa misiva se recomendaba con urgencia realizar un estudio de factibilidad para utilizar el río Cacao como fuente alternativa de agua, libre de residuos industriales y desechos porcinos. También se solicitaba evitar el uso del Estibaná para la planta potabilizadora, ya que cualquier falla en el tratamiento químico podría desencadenar una crisis sanitaria.

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Ante esta advertencia, Noé Herrera —entonces director provincial del Idaan y hoy alcalde de Las Tablas— aseguró haber acogido la recomendación, trasladando la captación de agua al río Cacao con el fin de garantizar una mejor calidad del recurso para los habitantes del distrito de Macaracas.

En 2012, informes oficiales confirmaron que el río La Villa comenzó a recibir millones de galones diarios de aguas residuales sin tratamiento, afectando directamente la calidad del agua procesada en las plantas potabilizadoras. Instituciones como el Idaan y la entonces Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) emitieron alertas sobre la presencia de contaminación fecal y orgánica.

Entre 2014 y 2019, se documentó también la presencia de herbicidas, como atrazina, así como residuos industriales que incrementaban la turbidez, especialmente durante la temporada lluviosa.

En el periodo comprendido entre 2016 y 2017, una investigación conjunta entre la Universidad de Panamá y el Centro de Investigaciones Hidrobiológicas reveló niveles preocupantes de metales pesados —plomo, cadmio y arsénico— en sedimentos y aguas del río, con potencial acumulativo en cultivos irrigados con este recurso, lo que implica riesgos alimentarios y sanitarios.

Durante el período 2020-2023, los informes técnicos del Ministerio de Ambiente (Miambiente) continuaron registrando vertidos industriales. Los análisis microbiológicos detectaron nematodos y otros patógenos en varios puntos del cauce. En marzo de 2024 y mayo de 2025, Miambiente y el Instituto Conmemorativo Gorgas alertaron sobre residuos químicos e indicadores biológicos de contaminación fecal.

Un informe reciente también documentó altos niveles de coliformes fecales, así como una preocupante acumulación de plásticos y desechos sólidos, lo que no solo impacta la biodiversidad acuática, sino que compromete seriamente la capacidad del río para suministrar agua segura.

Crisis y respuesta institucional

La situación alcanzó un punto crítico en junio de 2024, cuando el Idaan suspendió la producción de agua potable debido a la presencia de microorganismos en el río La Villa. Técnicos del Ministerio de Ambiente tomaron muestras en varios puntos estratégicos y detectaron alta turbidez y material orgánico en la toma de la planta Roberto Reyna, ubicada en Chitré.

Tras una limpieza exhaustiva y análisis que descartaron la presencia de microorganismos en la planta, el suministro fue restablecido, aunque la alerta se mantuvo. En ese momento, el entonces ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, hizo un llamado a frenar las conductas ilegales y sancionar a quienes contaminan el río. A través de sus redes sociales denunció el uso indiscriminado de plaguicidas y desechos porcinos.

Crisis en Azuero: el deterioro del río La Villa expone décadas de abandono
El río La Villa, principal fuente de agua potable para las provincias de Herrera y Los Santos, enfrenta desde hace más de una década una grave crisis de contaminación que amenaza la salud de miles de personas. Alexander Arosemena

En 2025, la situación volvió a repetirse, pero con mayor gravedad. Según Edgardo Vásquez, jefe del Departamento de Agua Potable del Idaan, el agua que se distribuye actualmente “no es apta para el consumo humano”.

El río Estibaná: un caso alarmante

La subcuenca del río Estibaná, principal afluente del río La Villa, es quizá la más afectada. En 2014, un estudio de la consultora Manov y declaraciones del experto Jaime Johnson alertaron que las excretas de al menos siete proyectos porcinos eran vertidas en zanjas conectadas directamente al río, que además sufría una severa sedimentación.

El Estibaná, con 32 kilómetros de longitud, atraviesa comunidades rurales y abastece a más de 4,000 personas mediante potabilizadoras locales. Johnson advirtió en su momento que el río estaba a punto de convertirse en una cloaca, aunque aún existía la posibilidad de revertir la situación.

En 2023, un estudio de la Universidad de Panamá confirmó niveles de coliformes fecales por encima de los límites permitidos en zonas recreativas como el balneario Los Olivos y el puente del río La Villa, lo que refuerza la gravedad del problema.

Pese a las advertencias técnicas y las acciones emprendidas, la contaminación del río La Villa y sus afluentes continúa siendo un problema estructural que requiere una intervención urgente y coordinada para proteger la salud de las comunidades y preservar la sostenibilidad ambiental de la región.

La persistente contaminación del río La Villa refleja las fallas en el manejo ambiental y la falta de controles eficaces frente a las actividades industriales, agrícolas y urbanas. A pesar de las alertas científicas y las acciones legales, el problema se agrava, comprometiendo el acceso a agua potable segura y la integridad de los ecosistemas.

Crisis en Azuero: el deterioro del río La Villa expone décadas de abandono
Aguas recolectadas por personal de Miambiente en diversos puntos del río La Villa para sus respectivos análisis. Cortesía Miambiente

La experiencia acumulada demuestra que la solución requiere una respuesta integral que involucre a las autoridades, comunidades y sectores productivos, con una mayor fiscalización, sanciones ejemplares y proyectos de restauración ambiental que garanticen la sostenibilidad hídrica y la salud pública a largo plazo.

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