Un grupo de científicos del Instituto de Ciencias Médicas de Azuero ha lanzado una seria advertencia: bebés en la región están naciendo con metales pesados en su sangre, transmitidos desde sus madres durante el embarazo. Más allá de la presencia de estas sustancias tóxicas, lo que preocupa al equipo investigador es su posible impacto en el ADN de los recién nacidos, con consecuencias que podrían manifestarse a lo largo de toda su vida.
El estudio, liderado por el genetista y pediatra Iván Landires, se llevó a cabo en colaboración con universidades nacionales, los hospitales Cecilio Castillero en Chitré (Herrera) y Joaquín Pablo Franco Sayas en Las Tablas (Los Santos), y el financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se trata de una investigación inédita en Panamá y una de las primeras en Latinoamérica que busca comprender cómo la contaminación ambiental puede afectar la salud incluso antes del nacimiento.
La idea surgió tras la detección de sustancias tóxicas —entre ellas un químico conocido como “atrazina”— en el río La Villa, fuente principal de agua potable para la región de Azuero.
“El hallazgo en el agua fue solo el primer paso. Nos preguntamos: si estos contaminantes están en el río, ¿pueden estar también en el cuerpo de las personas que consumen esa agua?”, explicó Landires.
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Muestras recolectadas de madres y bebés
El equipo recolectó muestras biológicas de mujeres embarazadas y sus recién nacidos: la primera orina de los bebés —tomada por personal de enfermería en las primeras horas de vida— y sangre del cordón umbilical extraída directamente de la placenta.
También se obtuvieron muestras de orina y sangre de las madres. Todo el procedimiento se realizó sin intervenir directamente sobre los bebés, siguiendo estrictos protocolos éticos y de bioseguridad.
En los análisis se detectaron rastros de metales como cromo, cobre y cadmio, elementos que pueden tener efectos nocivos en la salud humana. Pero para Landires, el verdadero objetivo del estudio no era solo detectar contaminantes, sino investigar su impacto directo en el ADN humano.
“Yo no quería solo medir pesticidas o metales en la sangre. Como genetista, me interesaba saber qué le hacen al ADN del bebé y de su madre. ¿Qué huellas dejan estos contaminantes en su información genética?”, señaló.
Según el investigador, la exposición a ciertos químicos durante el embarazo puede provocar alteraciones en el material genético, lo que podría traducirse en daños celulares, trastornos en el desarrollo o una mayor predisposición a enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida.
“Estos daños pueden no ser visibles al nacer, pero pueden afectar la salud del niño en el mediano y largo plazo”, añadió.
Este estudio es uno de los primeros en su tipo en Panamá y, según Landires, posiblemente también en Latinoamérica. “No he visto ningún estudio en la región, ni a nivel mundial, que correlacione daño cromosómico con contaminantes ambientales en recién nacidos, especialmente en una población tan particular como esta”, afirmó. Y es que, explicó, estos bebés no han vivido más que nueve meses en el vientre materno; su única exposición a contaminantes ha sido a través de sus madres durante ese periodo.
La investigación forma parte de un esfuerzo mayor que incluye un estudio previo, donde el Instituto de Ciencias Médicas solicitó a madres de Azuero la donación de placentas, con consentimiento informado y bajo la aprobación del comité de bioética de la Universidad de Panamá. Estos tejidos fueron enviados a laboratorios en España para analizar la presencia de pesticidas organoclorados.
Los resultados fueron sorprendentes: encontraron una amplia variedad de estos pesticidas, incluyendo DDT (diclorodifenil tricloroetano), en placentas de mujeres jóvenes de 20 a 25 años.
El DDT, un pesticida prohibido desde la década de 1970, persiste en el ambiente y aún puede detectarse en el organismo de personas jóvenes, debido a su alta resistencia y permanencia en suelos y cuerpos de agua. “Es alarmante que después de más de 50 años de prohibición, el DDT siga presente en las placentas, lo que indica una contaminación ambiental de larga duración”, explicó Landires.
Estos contaminantes no solo provienen de pesticidas, sino también de fertilizantes, productos mineros y otras actividades humanas que liberan metales pesados al ambiente. En este sentido, el químico José Villarreal, del VIADU, realizó en 2020 un estudio en la cuenca del río La Villa, encontrando niveles significativos de metales pesados en el agua, confirmando la contaminación ambiental que afecta a toda la región.
Landires también mencionó estudios internacionales que correlacionan la contaminación ambiental, especialmente la calidad del aire y la dieta materna, con daños cromosómicos en recién nacidos, lo que refuerza la importancia de su investigación local. “La dieta de la madre, el ambiente que la rodea, incluso la polución aérea, son factores que inciden en la salud genética de los bebés”, comentó.
Daños al ADN y riesgos a largo plazo
El equipo de Azuero planea continuar con el seguimiento a largo plazo de los niños incluidos en el estudio, para evaluar cómo estos contaminantes impactan su desarrollo físico y genético en el tiempo. “Es fundamental que se generen políticas públicas basadas en evidencia científica para proteger a futuras generaciones de los efectos nocivos de la contaminación ambiental”, concluyó Landires.
“La gente debe saber si el agua que consume o el ambiente donde vive puede estar afectando la salud de sus hijos incluso antes de que nazcan”, recalcó, subrayando la urgencia de actuar frente a un problema que, aunque invisible, amenaza la salud de toda una comunidad.
Los hallazgos preliminares del Instituto de Ciencias Médicas confirman lo que por años ha sido una sospecha silenciada: la contaminación ambiental está afectando la salud de los habitantes de la región desde antes de nacer. La detección de metales pesados y pesticidas en la sangre y tejidos de recién nacidos evidencia que el cuerpo humano, incluso en su etapa más temprana, ya está expuesto a una carga tóxica proveniente del entorno.
El estudio no solo abre una puerta a nuevas líneas de investigación genética y ambiental, sino que también exige acción inmediata por parte de las autoridades. Políticas públicas de salud, regulación de agroquímicos y monitoreo constante del agua deben ser prioridades inaplazables.
Este llamado a la acción cobra mayor relevancia ante la crisis actual que atraviesa la provincia de Los Santos, donde desde el pasado 27 de mayo de 2025 el agua suministrada ha sido declarada no apta para el consumo humano. La situación, atribuida a altos niveles de contaminantes detectados en la cuenca del río La Villa, no es solo un problema ambiental: es una emergencia de salud pública que requiere una respuesta urgente, integral y basada en evidencia científica.
