La Arquidiócesis de Panamá admitió que en sus archivos constan 37 denuncias de abusos sexuales contra menores de edad y personas adultas en situación de vulnerabilidad, ocurridos entre 2001 y 2025 y relacionados con miembros de la Iglesia católica.
De ese total, 24 denuncias corresponden a situaciones en las que la Arquidiócesis tenía una responsabilidad “evaluable”, según una revisión presentada por la institución sobre su actuación frente a estos casos, presentada este martes 22 de septiembre.
Ni una de estas denuncias fue trasladada al Ministerio Público. El procurador Luis Carlos Gómez Rudy estuvo presente en la presentación del informe de evaluación, que fue presentado en un salón de la Universidad Santa María la Antigua (USMA).
En nueve denuncias analizadas hubo al menos una víctima menor de edad, mientras que en 11 estuvieron involucradas adultos en situación de vulnerabilidad.
Todas las denuncias evaluadas están vinculadas con la membresía o el ámbito de la Iglesia católica y fueron conocidas por la Arquidiócesis panameña. El equipo investigador examinó la documentación disponible para determinar cómo fueron recibidas y gestionadas las denuncias y, cuando existía constancia, cómo fueron investigadas.
Durante la presentación del informe, el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, pidió perdón a las víctimas.
“Donde miembros de nuestra Iglesia causaron daño, allí donde nuestra respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar, pedimos perdón en nombre de la Iglesia”, afirmó Ulloa.
La investigación fue realizada por un equipo académico internacional e interdisciplinario de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y de la Universidad Villanueva, en España. El equipo examinó la actuación institucional desde los ámbitos jurídico-canónico, clínico, psicológico, teológico-pastoral, comunicacional y sociocultural.
El sacerdote Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia de la Arquidiócesis de Panamá, explicó que durante buena parte del periodo analizado la gestión estuvo centrada en el procedimiento y en el acusado, mientras que la víctima comenzó a recibir mayor atención solo en años recientes.
Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia.
“Durante años, los casos se gestionaron alrededor del procedimiento y del acusado; la evaluación concluye que la víctima quedó relegada y que todavía hay vacíos para reconstruir qué ocurrió”.
Por ejemplo, en los archivos consta que el acusado fue entrevistado en ocho casos, mientras que la víctima fue entrevistada en solo dos.
7 casos con investigación documentada
El padre Pujol explicó que, en una primera etapa, algunos casos fueron gestionados de manera privada entre el arzobispo y el sacerdote involucrado. No hay constancia de que alguien acudiera al Ministerio Público.
A partir de 2015 aumentaron los procedimientos y la documentación, pero la evaluación encontró que no existe una trazabilidad completa de los casos.
De los 24 casos en los que la Arquidiócesis tenía una responsabilidad “evaluable”, en siete consta una investigación documentada y en dos existe una “resolución”.
No se encontró constancia escrita de que esas resoluciones fueran notificadas a las partes. Tampoco fue posible reconstruir en todos los casos si hubo sanción a los responsables y, si las hubo, cómo se supervisó su cumplimiento.
Luis Carlos Gómez Rudy, procurador general de la Nación.
“Es responsabilidad de las instituciones establecer mecanismos adecuados de prevención y detección y de propiciar la intervención oportuna de las autoridades cuando los hechos puedan constituir delitos”.
Pujol aclaró que la falta de documentación no permite concluir que haya existido impunidad, pero sí dificulta reconstruir lo ocurrido y determinar cómo se tomaron las decisiones y qué seguimiento tuvieron.
La justicia civil, otra zona gris
La evaluación encontró dificultades para determinar qué ocurrió con los casos ante las autoridades civiles.
Pujol explicó que las obligaciones de denuncia ante la justicia civil cambiaron durante los 25 años examinados. En algunos expedientes no es posible determinar si la situación fue comunicada a las autoridades competentes.
“No podemos afirmar ni negar la colaboración”, señaló.
Para Pujol, esta falta de información constituye una deficiencia del sistema que debe corregirse.
No hubo medidas de reparación
El informe también encontró un vacío en la reparación, acompañamiento o compensación a las víctimas.
En ninguno de los 24 casos analizados consta que se haya documentado una evaluación del daño sufrido por la víctima y si este daño fue atendido.
Pujol identificó una experiencia completa de acompañamiento realizada en 2015 por una congregación religiosa. Ese caso, explicó, demuestra que era posible ofrecer acompañamiento a la víctima bajo las normas y procedimientos vigentes en ese momento.
La víctima, un cambio todavía reciente
Pujol explicó que el derecho canónico todavía no reconoce a la víctima como parte dentro de los procesos.
En 2019 se eliminó el secreto pontificio para los casos de abusos sexuales, lo que permitió una mayor comunicación de información a las víctimas, pero no resolvió las deficiencias encontradas en los expedientes.
La evaluación encontró que la documentación sobre la participación de las víctimas sigue siendo limitada. La posibilidad de escuchar y acoger a una víctima, aclaró Pujol, nunca estuvo prohibida.
45 personas conocieron o sospecharon casos
El informe menciona que se hicieron consultas y se obtuvieron 383 respuestas. De ese grupo, 45 personas dijeron conocer o sospechar de situaciones relacionadas con abusos sexuales, pero solo 21 las reportaron.
Entre los obstáculos identificados aparecen la falta de claridad sobre cómo presentar una denuncia, el temor a represalias, la percepción de que denunciar no serviría de nada y la presión para proteger a la institución.
La evaluación también incluyó consultas a personas externas y autoridades públicas como parte del análisis de la respuesta institucional.
Desde 2024, la Arquidiócesis de Panamá cuenta con la Pastoral del Cuidado y Prevención y con una Oficina de Escucha. Pujol señaló que todavía es demasiado pronto para valorar el funcionamiento de estas estructuras, por su reciente creación.
La evaluación reconoce que la Arquidiócesis ha mejorado su capacidad de respuesta frente a las denuncias, pero plantea la necesidad de fortalecer la prevención y actualizar las directrices establecidas en 2015.
24 recomendaciones, 6 prioritarias
El equipo formuló 24 recomendaciones agrupadas en cuatro áreas: trazabilidad de los casos; atención y derechos de las víctimas; prevención y formación, y gobernanza y rendición de cuentas.
Para los próximos 12 meses se identificaron seis recomendaciones prioritarias.
Entre ellas están establecer un sistema único de registro y trazabilidad de los casos, completar y organizar los expedientes y colocar a la víctima en el centro de la respuesta institucional.
También se plantea contar con una persona de enlace que mantenga informada a la víctima durante el proceso y fortalecer las medidas de acompañamiento y atención.
Pujol aclaró que las recomendaciones no constituyen decisiones ya adoptadas. Corresponde al arzobispo y a sus colaboradores determinar cuáles serán implementadas y de qué manera.
