El Consejo de Gabinete autorizó este jueves 21 de junio extender el “apoyo económico temporal” que reciben las personas afectadas por los incidentes que ocurrieron entre el 6 y 10 de julio de 2010, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicación del Estado, esa extensión se aprobó “por razones humanitarias”.
Del grupo de 687 personas, hay 200 que reciben una pensión vitalicia.
Esas personas resultaron heridas con perdigones de plomo durante las protestas de los obreros bananeros contra la administración del entonces presidente Ricardo Martinelli por la aprobación de la Ley No. 9, conocida como la ley 9 en 1, que mermaba las evaluaciones de impacto ambiental en la minería y limitaba derechos sindicales.
Sobre la decisión del Gabinete, Luis Ernesto Carles, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, dijo que con este pago se beneficiará a más de 450 personas con afectaciones de distintos tipos.
El ministro Carles detalló que se busca reparar “las graves violaciones a los derechos humanos” que ocurrieron en julio de 2010 y honrar a las víctimas y respaldar a sus familiares.
El Órgano Ejecutivo aprobó en 2015 pagos por pensión vitalicia de carácter especial de 800 dólares a las víctimas o dependientes.
También se aprobó un “apoyo económico social” de 200 dólares mensuales para las personas afectadas en temas de salud.
“El apoyo económico se extendería hasta el 31 de octubre de 2018, luego se presentaría una nueva iniciativa legislativa que prorrogue por dos años más este apoyo”, señaló el comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado.
Anteriormente a ese grupo (temporal) se le aprobó la compensación de tres años, los cuales vencieron en mayo de 2018, lo que motivó la presentación de esta resolución que extenderá el pago hasta octubre de este año.
