La Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas (UAPI) cuenta actualmente con 85 estudiantes y no tiene sede propia. Aún así, tiene un presupuesto recomendado de $3.1 millones para 2027, un aumento de 54.7% con respecto al presupuesto aprobado para la vigencia fiscal actual.
El aumento en la asignación estatal, sustentada por el rector de la UAPI, Demetrio Santamaría Montezuma, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, fue cuestionado por los bajos niveles de ejecución registrados en 2026. Según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas citadas durante la sesión, a la fecha la UAPI ha ejecutado 7.6% del presupuesto de funcionamiento y 3.6% del de inversión.
La administración universitaria atribuyó parte de la baja ejecución a una auditoría de la Contraloría General de la República iniciada en 2025. Santamaría afirmó que varias compras y servicios figuran como compromisos o reservas, pero no han podido concretarse como pagos.
Los diputados independientes Jonathan Vega, Luis Duke y Yamirelis Chong cuestionaron distintos aspectos del presupuesto y pidieron explicaciones sobre los bienes y servicios efectivamente adquiridos.
Vega criticó al rector porque, a su juicio, no manejaba algunos datos relacionados con la ejecución presupuestaria y remarcó que los resultados de la universidad son “cero” tanto en inversión como en funcionamiento.
Vega también cuestionó la forma en que Santamaría llegó a la rectoría de la UAPI. El diputado mostró una nota dirigida a la entonces ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y firmada por el exdiputado Ricardo Santos, en la que este recomendaba a Santamaría para ocupar el cargo de rector. Sostuvo que la recomendación evidenciaba una influencia política en la educación y cuestionó que Santamaría hubiera obtenido la rectoría pese a, según afirmó, haber recibido la evaluación más baja durante el proceso de selección.
Más personal y estudiantes
La universidad plantea que los recursos adicionales asignados serán utilizados para ampliar su oferta académica, la planta de docentes y administrativos y extender sus operaciones a otros territorios indígenas. El funcionario precisó que para 2027 proyecta pasar de 22 a 47 docentes y de 18 a 33 administrativos; así como llevar de dos a cuatro las licenciaturas. Sobre la matrícula, aspiran tener 350 estudiantes, frente a los 85 actuales.
Entre las nuevas carreras planteadas están programas relacionados con ciencias agropecuarias y salud.
Telecomunicaciones y combustible
Una de las partidas que llamó la atención durante la sustentación fue la de telecomunicaciones. Para 2027 se proyectan $150,000, frente a unos $29,000 en 2026.
El responsable de tecnología explicó que actualmente la universidad cuenta con una conexión de unos 5 megabytes y que el servicio tiene un costo anual cercano a $48,000. La intención es ampliar la conectividad a los centros donde se desarrollan actividades académicas.
También aumenta la partida para combustible, de $40,000 en 2026 a $55,000 en 2027, pese a que la institución tiene solo un vehículo propio.
Santamaría explicó que el Meduca había proporcionado inicialmente dos vehículos, pero posteriormente solicitó que devolvieran uno. Acotó que, ante las limitaciones de movilidad, algunos funcionarios han tenido que asumir gastos de traslado con recursos propios.
Servicios comerciales y financieros
El presupuesto contempla unos $1.1 millones para servicios personales (salario y prestaciones), frente a aproximadamente $789,000 en 2026, como parte del crecimiento previsto en la plantilla.
Otra partida cuestionada fue la de servicios comerciales y financieros, que ronda los $548,000. Funcionarios de la universidad explicaron que más de $300,000 estarían vinculados a contrataciones relacionadas con educación superior y los nuevos programas. Esa explicación generó preguntas de los diputados, debido a que el presupuesto contempla recursos para el pago de docentes dentro de la partida de servicios personales.
En cuanto a las autoridades, el presupuesto incluye $6,000 mensuales, más $2,000 en gastos de representación, para el rector. Santamaría indicó que no ha recibido esos pagos mientras se desarrolla la revisión de la Contraloría.
Opera en la comarca Ngäbe Buglé
La UAPI no cuenta actualmente con un campus propio; opera en espacios facilitados por la Gobernación de la comarca Ngäbe Buglé, y centros educativos en Hato Chamí, Peña Blanca y Llano Tugri.
La construcción de una sede propia forma parte de un proyecto estimado previamente en unos $11 millones. Santamaría explicó que el proyecto fue declarado desierto al inicio de la actual administración y, posteriormente, incorporado al banco de proyectos del Meduca.
La institución fue creada mediante la Ley 288 del 10 de marzo de 2022 y tiene entre sus objetivos contribuir a reducir la migración de estudiantes hacia otras zonas del país.
Vásquez pide resultados
Al cierre de la sustentación, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, pidió al rector presentar el próximo año un plan que refleje con mayor claridad el beneficio de los recursos solicitados para los estudiantes y la comunidad indígena.
Vásquez dijo que la comisión también mantiene preocupación por la auditoría y los nombramientos en la universidad: “Ya tenemos tres años. Yo tengo dos años y el año pasado fue lo mismo, igualito la presentación”.
Vásquez recordó que los recursos utilizados por la institución son públicos y deben traducirse en resultados concretos para los estudiantes.
