Una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el pasado 5 de agosto una circular en la que exige a los bancos estadounidenses que tienen relaciones con Panamá que hagan una diligencia debida ampliada. Este requerimiento es consecuencia de la inclusión de Panamá en lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por las deficiencias del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. "Por el hecho de estar en país que está una lista gris, se eleva el nivel de riesgo de hacer negocios", dijo en la mañana de hoy Raúl Guizado, vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General y primer vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá.
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) pide en la circular a las instituciones financieras estadounidenses que se aseguren de que sus programas de debida diligencia sobre las cuentas de corresponsalía mantenidas por instituciones financieras del exterior incluyen políticas y procedimientos diseñados para detectar e informar sobre actividades de lavado de dinero o sobre las sospechas de las mismas, efectuadas a través de cualquier cuenta corresponsal establecida, mantenida, administrada o gestionada en Estados Unidos.
Tras la publicación de la lista gris, los bancos panameños están recibiendo visitas y llamadas por parte de sus corresponsales en Estados Unidos y algunos de los grandes bancos europeos que prestan servicios de corresponsalía a entidades locales también se han preocupado por el devenir de la actividad bancaria en Panamá.
El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, reconoció ayer que la presión sobre los bancos ha aumentado. Diamond dijo que la inclusión en la lista gris afecta a la reputación de los bancos y constituye una amenaza para la competitividad del centro bancario internacional. "Un centro financiero serio nunca está en listas discriminatorias", apuntó.
Tanto el GAFI como el FinCEN reconocen en sus respectivos reportes que el país se ha comprometido al más alto nivel político para poner un marcha un plan de acción que reduzca las deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
