El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la controversia generada en torno a las tres resoluciones que declararon reservada la información sobre los procesos de arbitraje presentados contra Panamá.
Se trata de tres resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial la noche del viernes 13 de septiembre, emitidas por los ministerios de la Presidencia, Ambiente, y Comercio e Industrias. No obstante, un día después, el propio presidente ordenó su derogación.
En su conferencia semanal de este jueves 19 de septiembre, Mulino aseguró que no estaba al tanto de la medida hasta que se enteró a través de las redes sociales el sábado, lo que lo llevó a solicitar su inmediata revocación.
“No creo en eso”, afirmó, aunque reconoció que en su anterior rol como ministro de Seguridad utilizó la normativa que permite declarar ciertas informaciones como confidenciales, debido a su carácter sensible para el Estado.
El presidente enfatizó que, aunque la ley ampara la confidencialidad de ciertos temas, en su gobierno se ha levantado la restricción sobre las actas del Consejo de Gabinete, permitiendo una mayor apertura.
Presidente @JoseRaulMulino ordena derogación urgente de tres decretos que declararon reservada información sobre arbitrajes
— Astrid Salazar (@as_salazar) September 14, 2024
El Presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la derogación urgente el lunes próximo de tres decretos que declararan reservada la información… pic.twitter.com/ZFEY0S7iTl
El mandatario calificó como “innecesaria” la decisión de ocultar esta información y reiteró su compromiso con la transparencia, siempre y cuando no se vea afectada la seguridad nacional ni los intereses estratégicos del país.
“Yo siento innecesaria esa decisión, por eso la mandé a quitar”, puntualizó el presidente.
La polémica
En su momento, los ministros sustentaron la medida en el artículo 15 de la Ley 6 de 2002, de Transparencia, que otorga el carácter de reservado a los expedientes administrativos, judiciales, arbitrales y del Ministerio Público, los cuales se regirán por las normas de acceso a la información contenidas en el Código Judicial.
A raíz de esto, se declaró de acceso restringido los procesos de arbitraje y toda la información, memorias, notas, correspondencia y documentos relacionados con negociaciones diplomáticas, comerciales o internacionales de cualquier índole, directa o indirectamente vinculados con el objeto de la disputa y el proceso arbitral, bajo custodia del Ministerio de la Presidencia. Por lo tanto, “dicha información es reservada”.
Además de los arbitrajes que han interpuesto First Quantum y sus socios contra el país por el cierre de la mina de cobre de Donoso y Omar Torrijos, en Colón, hay otras nueve reclamaciones contra el Estado panameño que, en conjunto, suman seis mil millones de dólares.
Así se desprende de un informe proporcionado en junio pasado por la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se destaca que, de los procesos activos, había siete arbitrajes de inversiones en curso y dos en proceso de anulación.