El diputado electo por el Partido Panameñista, José Luis Varela, declaró en una entrevista en el Knockout que no está cerrado a considerar una ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional que se instala el próximo 1 de julio.
Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), uno de los procesados por el caso Odebrecht, no precisó el tipo de legislación al que se refería. El diputado electo por el partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, ha dicho que impulsaría una iniciativa para beneficiar a Ricardo Martinelli, expresidente de la República (2009-2014) y fundador de RM, quien está condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por el delito de blanqueo de capitales.
La Constitución establece que la Asamblea solo puede decretar, mediante ley, amnistía por delitos políticos. Esa es la razón por la que la presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Lina Vega Abad, plantea que una ley en esta dirección no solo sería una violación a la Constitución, sino que representaría una burla al Estado de derecho y enviaría “un terrible mensaje de impunidad a la sociedad panameña”.
Algunos diputados electos por libre postulación y del Movimiento Otro Camino, que suman 23 de un total de 71 en la próxima Asamblea, también se mostraron en contra de una amnistía para un delito común como el blanqueo de capitales.
Cabe recordar que tanto Ricardo Martinelli como Mireya Moscoso (1999-2004) decretaron indultos por delitos comunes que luego fueron anulados por la Corte Suprema de Justicia.
Reacciones
Janine Prado, diputada electa y próxima jefa de la bancada independiente Vamos, dice que la amnistía solo aplica para determinados delitos. “Si lo que se busca es, a través de una amnistía, liberar de responsabilidad penal a personas condenadas por casos relacionados con corrupción o de blanqueo de capitales relacionados con corrupción, por supuesto que nosotros no podríamos estar de acuerdo, en ningún caso”, aseguró.
Ernesto Cedeño, diputado electo del Movimiento Otro Camino, aseguró que existe la posibilidad de que alguien presente un proyecto de ley en esa dirección, pero constitucionalmente no es viable: la Carta Magna dice que solo es por delitos políticos. “A nadie en Panamá, que yo tenga conocimiento, se le ha sancionado por delitos políticos”, aseguró.
Son delitos políticos los que se cometen contra la administración interna del Estado y los electorales, explicó Cedeño.
Para Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, tanto la facultad constitucional que otorga al presidente la posibilidad de conceder indultos y rebajar penas, así como la que tiene la Asamblea para conceder amnistía, son únicamente para delitos políticos.
“No están previstos para los delitos comunes, que es el caso del expresidente y una gran parte de sus funcionarios. De hacerse sería una violación a la Constitución, sería una burla al Estado de derecho y se enviaría un terrible mensaje de impunidad a la sociedad panameña, aseguró.
El artículo 159 de la Constitución limita la función legislativa de la Asamblea Nacional a “decretar amnistía por delitos políticos”. Y el 184, relativo a las funciones del Presidente de la República y su ministro respectivo, señala que puede “decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes”.
El actual presidente electo, José Raúl Mulino, prometió en campaña “ayudar” de alguna forma a Martinelli, pero el 1 de julio jurará respetar la Constitución y la Ley.
Desde el 7 de febrero de 2024 Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua en ciudad de Panamá, después de perder el último recurso judicial que le quedaba para evitar ir a prisión tras ser condenado por el llamado caso New Business (compra con fondos públicos de Editora Panamá América).
Hay que recordar, además, que en al menos en dos ocasiones la Corte Suprema de Justicia ha anulado indultos emitidos por presidentes. Fue el caso de Mireya Mocoso y Ricardo Martinelli.
El 30 de junio de 2008 el pleno de la Corte declaró inconstitucionales los decretos ejecutivos No. 317, 318 y 321, mediante los cuales Moscoso había indultado a personas que eran objeto, unas de investigación, otras ya sindicadas o procesadas, así como condenadas por la comisión de diversos tipos de delitos.
En mayo pasado la juez segunda liquidadora de causas penales Águeda Rentería condenó a 60 meses de prisión a los agentes policiales Artemio Díaz, Rafael Caicedo, Rodolfo Buigobu y Ron Rodríguez por su participación en la muerte de los pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez, quienes fueron abatidos el 19 de mayo de 2009 en el área de Boca La Caja por una lancha patrullera de la Policía.
La condena se concretó 15 años después porque los imputados fueron beneficiados por un indulto otorgado por Martinelli. Dichos indultos fueron declarados inconstitucionales por la Corte, por lo que el proceso penal fue retomado por el Ministerio Público que solicitó una sentencia condenatoria.
En 2019, al sargento de la policía, Vionel López Frías, se le aplicó una sanción de 8 años de cárcel por el delito de homicidio culposo. López Frías fue el único de los investigados en este proceso que no fue beneficiado con un indulto.