El presidente panameño José Raúl Mulino objetó tres proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional. Se trata del proyecto de ley 23, que impide que los funcionarios jerárquicos de empresas del Estado cobren prima de antigüedad; la iniciativa de ley 37, que declara el 10 de diciembre como día de los derechos humanos; y el proyecto 36, que promueve la alimentación adecuada.
En cartas que el mandatario envió recientemente a la Asamblea, explicó los motivos.
Funcionarios jerárquicos
Sobre el proyecto de ley 23, impulsado por la diputada del Partido Panameñista Ariana Coba, el mandatario argumentó que personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección General de Carrera Administrativa, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Aeropuerto Internacional de Tocumen, Empresa Nacional de Autopistas y Metro de Panamá hicieron “reparos” que lo llevaron a la objeción parcial de la iniciativa legislativa.
Mulino advirtió que el proyecto es parcialmente “inconveniente” porque algunos artículos vulneran derechos fundamentales de los servidores públicos y presentan incongruencias con otras leyes. La propuesta impactaría principalmente a las autoridades de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), Empresa Nacional de Autopistas (ENA), Metro de Panamá, S.A., y Tocumen, S.A.
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El presidente de la República explicó, por ejemplo, que el artículo 1 de este proyecto apunta a que su objeto es establecer normas para determinar las prestaciones laborales de los funcionarios que ocupen los cargos de gerente general, subgerente general y auditor interno, al concluir el período de su designación o cuando sean reemplazados por su condición de servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, advirtió que esa norma “no es consecuente” con su título ni con el resto de los artículos.
El documento también señala que los artículos 2, 3, 4 y 5 introducen disposiciones a las leyes orgánicas de las empresas que prestan el servicio de electricidad, las administradoras de aeropuertos y aeródromos de Panamá, la Empresa Nacional de Autopistas y el Metro de Panamá. No obstante, sugiere que esos artículos deben contemplar que, independientemente de la causa de terminación de la relación laboral, únicamente tendrán derecho a las prestaciones de vacaciones vencidas y proporcionales, así como al décimo tercer mes proporcional, conforme lo señala la ley.
Este proyecto surgió luego del escándalo sobre las indemnizaciones que, por “mutuo acuerdo”, recibirían el gerente general, el subgerente y cuatro jefes “de confianza” de ETESA, alegando que estas fueron autorizadas por su junta directiva. La indemnización que reclamaban seis funcionarios de libre nombramiento y remoción sumaba casi $1 millón, distribuidos así: $249,195 y $306,615 para el exgerente Carlos Mosquera y el exsubgerente Óscar Rendoll, respectivamente; $77,095 para el exgerente de Compras, Daniel Castilla; $116,577 para el exdirector de Finanzas, Pablo Castrejón; $119,366 para el exdirector de Asesoría Legal, Ramón Palacios; y $91,068 para la exdirectora de Servicios Corporativos, Zorina Carles.
Día de los derechos humanos
Mulino objetó por ser “inexequible e inconveniente” todo el proyecto de ley 37, que declara el 10 de diciembre como día de los derechos humanos, debido a su “potencial conflicto” con la Constitución.
Esta iniciativa, presentada por la diputada del partido Realizando Metas, Lilia Batista, y pretendía que cada 10 de diciembre las instituciones educativas y culturales realizaran diferentes actividades para valorar y visibilizar la importancia de conocer los derechos humanos.
El proyecto para la alimentación adecuada
Aunque el mandatario también objetó el proyecto de ley 36, que promueve la alimentación adecuada, los documentos publicados por el Legislativo no incluyeron la carta del presidente Mulino donde se exponen los motivos de la objeción.
La propuesta, presentada por la diputada Lilia Batista, sugiere que el Ministerio de Educación deberá velar por la oferta alimentaria de los quioscos en los centros educativos, de acuerdo con la alimentación típica de cada región del país. Además, dicho ministerio deberá desarrollar programas encaminados a mejorar la salud física de la población estudiantil.