Al menos 168.9 millones de dólares anuales se destinan, en siete instituciones del Estado panameño, al rubro de seguros de vida, accidentes y salud. Este dato ha conmocionado a la opinión pública por la distinción implícita entre los servicios a los que tiene acceso toda la población y los que disfrutan algunos segmentos del funcionariado.
En la Asamblea Nacional existen tres anteproyectos de ley que pretenden eliminar o reducir significativamente estos seguros para los servidores públicos, con lo cual se busca que estos funcionarios utilicen los mismos servicios de salud que usa la mayoría de la población o que, en su defecto, paguen la atención privada con sus propios recursos.
El fuero
El artículo 19 de la Constitución establece un principio fundamental para la democracia panameña:
“Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.
La Real Academia Española define el término fuero como:
“Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una comunidad, a una provincia, a una ciudad o a una persona”.
El artículo 19 tiene excepciones reconocidas por la propia Constitución, como la inmunidad de los diputados por sus opiniones, las estipulaciones sobre el juzgamiento de los presidentes o el procesamiento de los diputados, y otros beneficios para las altas magistraturas y procuradores. No obstante, es justo diferenciar entre el fuero de las jubilaciones especiales, por ejemplo de los magistrados de la Corte Suprema, y el otorgamiento de seguros de toda naturaleza a servidores públicos por riesgos asociados a sus funciones.
El riesgo
Los seguros nacen para cubrir riesgos, algunos ciertos como la muerte y otros inciertos como accidentes, hurtos, incendios o enfermedades. Aunque se piense que la mayoría de los servidores públicos pasan su jornada frente a un computador, esta no es la realidad.
Bomberos, rescatistas del Sinaproc, guardaparques, paramédicos, miembros de los cuerpos de seguridad, custodios penitenciarios, personal de salud, inspectores de aduanas, educadores en zonas remotas, recolectores de basura, conductores, jueces y fiscales enfrentan riesgos muy superiores a los de un ciudadano común.
Durante la pandemia, muchos de ellos trabajaron expuestos a una enfermedad mortal. Otros prestan servicios en zonas rojas, enfrentan la violencia directamente o se arriesgan en áreas remotas, donde una crecida, un vendaval, un escorpión o una serpiente pueden costar la vida. La lista de riesgos cubre toda la gama pensable e impensable, lo que explica la necesidad de seguros.
Un vacío institucional
Existe un legítimo repudio ciudadano a las prebendas del poder público: autos con escoltas que violan las reglas de tránsito, pasaportes diplomáticos o francachelas pagadas con fondos públicos. Esas conductas ofenden la dignidad democrática y, en algunos casos, constituyen peculado.
El Estado panameño adolece de una carencia estructural: la falta de planificación. Esto ha impedido organizar el servicio civil con cargas y prerrogativas claras. Tampoco existe una política pública para el aseguramiento de los servidores. El servicio público es un privilegio, pero también conlleva riesgos para distintas categorías de funcionarios.
Todos quisiéramos que el ministro de Salud o el director de la CSS se atendieran en hospitales públicos. Sin embargo, su presencia podría afectar la atención de otros pacientes. ¿Qué implicaría hospitalizar al presidente de la República en el Santo Tomás o poner en la misma sala a narcos y a los fiscales que los investigan? ¿Qué riesgo enfrenta el psicólogo, médico o trabajador social que atiende en zonas rojas?
Se han cometido abusos en la contratación de seguros, pero eliminar de plano esta facultad puede traer efectos indeseados. Si un transformador de Etesa explota y su personal duda en repararlo por falta de cobertura, el costo social podría superar los 168.9 millones de dólares que hoy se destinan a seguros.
Como en tantos asuntos de Estado, lo necesario es planificación, transparencia y rendición de cuentas. Una opción podría ser la creación de una empresa estatal que regule, administre y controle estos seguros. Lo cierto es que eliminarlos por completo probablemente empeoraría la calidad de los servicios públicos y dejaría a las poblaciones vulnerables y zonas rojas con aún menos acceso a atención de calidad.
