Ha sido un lunes revuelto en los pasillos de la Asamblea Nacional. No por la discusión de polémicos proyectos de ley, ni por una protesta ciudadana en rechazo al trabajo de los diputados, sino por la forma en que se está pagando la quincena: con cheques. La medida, implementada por la Contraloría General de la República en medio de una auditoría interna, ha encendido los ánimos de funcionarios y algunos diputados.
La Contraloría, a cargo de Anel Bolo Flores, busca verificar en el terreno si quienes están en la planilla realmente trabajan en el Legislativo o si se trata de las célebres “botellas” que cobran sin cumplir funciones. Con este panorama se comenzó a pagar manualmente los salarios, uno a uno, bajo supervisión directa.
Hasta la tarde de este lunes, solo el 25% de los cheques correspondientes a una planilla de alrededor de 4 mil funcionarios había sido entregado, según informó Karina Connell, presidenta de la Asociación de Empleados de la Asamblea. Es decir, uno de cada cuatro funcionarios había cobrado.
“Estamos en desacuerdo porque lo que está haciendo la Contraloría. Es acoso”, declaró a La Prensa, y fue más allá: acusó a la institución fiscalizadora de violar el Convenio 190 de la OIT, que protege a los trabajadores frente a cualquier forma de violencia o acoso en el ámbito laboral.
Pero la Contraloría tiene su versión. En un comunicado, responsabilizó a la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, de “promover el acoso” contra sus auditores, quienes, añadió, están cumpliendo con su labor de fiscalización y transparencia.
De acuerdo con un informe de la Contraloría en enero de este año, el Legislativo contaba con 3,038 funcionarios, por los que se pagaron 5 millones 806 mil dólares en sueldos. El salario promedio al cierre de enero era de 1,911 dólares.
