El polémico uso de fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios de diversas entidades ya había generado un pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración el pasado 17 de julio, semanas antes de que se revelara que al menos 14 instituciones financiaban seguros colectivos de vida y salud para sus empleados.
La advertencia del organismo subraya la necesidad de que este tipo de gastos cuente con respaldo legal, en un contexto en el que la transparencia y el correcto manejo de los recursos estatales se mantienen bajo escrutinio público.
La opinión de la procuradora, Grettel Villalaz, se emitió luego de una consulta realizada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sobre la posibilidad de otorgar una póliza colectiva de vida a los miembros de su junta directiva.
Los argumentos
La Procuraduría de la Administración partió señalando que los servidores públicos solo pueden realizar acciones que la ley les permita expresamente, evitando cualquier arbitrariedad o abuso de poder.
Como se recordará, la junta directiva de la ATTT está integrada por ministros, cinco miembros designados por el presidente de la República, representantes de la Cámara Nacional de Transporte, del transporte de carga y usuarios del transporte público terrestre elegidos por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no todos estos miembros son considerados servidores públicos bajo el artículo 299 de la Constitución, que define como tales a quienes ocupan cargos en el Estado y perciben remuneración oficial.
Esta distinción es crucial, explica la Procuraduría, porque los beneficios como la contratación de seguros colectivos de vida solo pueden otorgarse a quienes tengan carácter de servidores públicos; además, deben contar con respaldo legal y presupuestario. El artículo 277 de la Constitución establece que ningún gasto público puede realizarse sin autorización legal, lo que implica que el pago de primas de seguros debe estar contemplado en el presupuesto de la entidad y contar con partida específica.
Por otra parte, la Ley No. 34 de 1999, que regula la creación y funciones de la ATTT, establece las responsabilidades de la Autoridad en planificación, supervisión y control del transporte terrestre.
Asimismo, regula la composición de su junta directiva y los procedimientos para la selección de los representantes de usuarios. Sin embargo, estas normas no confieren facultad expresa para otorgar pólizas de vida a todos los miembros de la junta, especialmente a aquellos que no reciben remuneración estatal.
Las regulaciones
Para que un seguro colectivo pueda contratarse legalmente en el sector público, la Procuraduría subraya que se deben cumplir los requisitos del Decreto Ejecutivo No. 22 de 1996, que reglamenta la contratación de pólizas de seguros. Esto incluye la existencia de una partida presupuestaria específica y la autorización formal de la entidad correspondiente, condiciones que no aplican a los miembros de la junta que no son servidores públicos.
A raíz de esto, la Procuraduría de la Administración concluyó que la ATTT no tiene facultad legal para otorgar pólizas de vida colectivas a los miembros de su junta directiva que no estén enmarcados en la definición de servidor público.
Además, Villalaz reforzó la importancia del principio de legalidad en la gestión pública y recordó que cualquier beneficio otorgado por una entidad estatal, incluidos los seguros privados, debe tener respaldo normativo y presupuestario.
Actualmente, las entidades que pagan seguros privados a sus funcionarios son: Aeropuerto Internacional de Tocumen, Banco Nacional de Panamá, Cuerpo de Bomberos, Contraloría General de la República y Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA).
La lista también incluye al Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá y la Zona Libre de Colón.
La prensa ha podido constatar y revelar en recientes publicaciones que, al menos en siete de las 14 entidades, el Estado destina más de 168,9 millones de dólares a este tipo de seguros.
Para el diputado Ernesto Cedeño, resulta “injusto” que solo una parte de los servidores públicos cuente con este beneficio financiado por el Estado, mientras que la mayoría de los funcionarios debe costear de su propio bolsillo cualquier póliza de salud privada. De hecho, Cedeño y su colega Luis Duke presentaron propuestas de ley para eliminar estos privilegios.
