El expresidente español Felipe González propuso hace unos días una “tregua de insultos” en su país como forma de frenar la polarización política, que a su juicio viene “de arriba hacia abajo” y amenaza la convivencia social. En Panamá urge la misma medida si queremos aspirar a resolver las diferencias no mediante la fuerza o la represión, sino a través del diálogo y la búsqueda de consensos.
Hace más de un mes comenté en este espacio que los insultos y excesos verbales desde el poder suelen presagiar otros excesos que socavan los cimientos de la democracia. Hubiera querido equivocarme en esa predicción, pero los hechos demuestran lo contrario. La retórica agresiva y de permanente descalificación ha dejado de ser la excepción para convertirse en la norma. Las manifestaciones continúan en varias provincias. Se ha incrementado el uso de la fuerza pese al llamado a la mesura del Comité Ecuménico y el Centro de Iniciativas Democráticas CIDEM ha expresado su “preocupación por el clima de persecución” en el país.
Para enfrentar esta compleja situación el presidente debe mandar mensajes que bajen el tono de la confrontación entendiendo que el método de atacar a todo el que piensa distinto (auque consiga mensajeros oficiosos para hacerlo) solo enturbia más el ambiente. En un estilo que recuerda los tiempos de Ricardo Martinelli, cuentas en redes sociales esparcen diatribas que utilizan la estigmatización y las amenazas, mientras que personajes cercanos al gobierno difunden la narrativa de un intento por desconocer el mandato presidencial. La principal amenaza a la democracia proviene de insistir en esta fallida estrategia que solo ha profundizado la crisis de confianza en todos y en todo.
Las palabras del presidente tienen consecuencias. Un claro ejemplo es que fueron sus propias declaraciones sobre lo que le ocurría al Suntracs, lo que más contribuyó a la percepción de justicia politizada en el país. En asuntos tan delicados como la independencia judicial, la mujer del Cesar no solo debe ser honrada, sino parecerlo.
Cabe destacar que también hay palabras que han ayudado a bajar la tensión. La disposición enseñada por el ministro Felipe Chapman en entrevista con Alvaro Alvarado a conversar sobre modificaciones específicas a la ley 462, contribuye a buscar un punto medio entre las dos posiciones irreconciliables de derogar o no derogar la ley.
Similares declaraciones dieron el dirigente gremial de AEVE Luis Sanchez y el presidente del CONEPGabriel Diez, lo que abre una pequeña rendija hacia un acercamiento.
Un diálogo no tiene por qué seguir el libreto de Penonomé en 2022, pues ya se han propuesto escenarios y facilitadores que pueden buscar soluciones sin necesidad de dar tribuna a las consignas idelógicas más extremas. Sin ir más lejos, grupos de diputados hicieron un llamado al presidente para debatir en la Asamblea los puntos más conflictivos de la reforma a la CSS, así como otros temas que han creado malestar social. También están los espacios de la Concertación Nacional para el Desarrollo, la Universidad de Panamá y las iglesias.
Se comprende la resistencia de volver a dialogar sobre una ley que pasó por un proceso de debate y aprobación en el Órgano Legislativo, pero no sería la primera vez que una legislación que cumplió con el debido proceso resulte tan impopular que amenace la paz social. Las razones para esto residen según expertos en un déficit de representación de nuestro sistema político y una frustración ciudadana acumulada por la ineficiencia y la corrupción estatal de varios gobiernos.
No obstante, lo urgente en estos momentos es detener el circulo vicioso de confrontación y paralización. Creo que todos podemos coincidir en que el impacto de estas en la educación pública, la economía, el empleo, la convivencia y la imagen del país es insostenible. Así como la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, conversar es la menos mala de las salidas de esta crisis. Para ello, el primer paso sería una tregua de insultos.
