La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) hizo sustanciales modificaciones al proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral: el documento original tiene 168 artículos y la comisión cambió, eliminó y agregó 46.
La Secretaría General de la Asamblea recibió el pasado lunes el informe de la Comisión de Gobierno, que recoge todo lo sucedido el 16 y 23 de septiembre, cuando se llevó a cabo la discusión y aprobación en primer debate del proyecto 699.
El informe lleva la firma de seis de los nueve miembros de la comisión, lo que representa una burla al reglamento interno de la Asamblea, que en su artículo 35 dicta que todo informe o resolución elaborado por una comisión legislativa se presentará con la firma de todos sus miembros.
“Si alguno no estuviera conforme, deberá también firmarlo con la nota “salvo mi voto” y podrá presentar por separado otro proyecto, sustentándolo de palabra, si a bien lo tuviere. En estos casos el informe de minoría será considerado primero por el Pleno", señala el artículo 35.
A esta hora nadie nos ha pasado para firmar y salvar el voto en el Informe de la Com. de Gobierno sobre el PL de Reformas Electorales, pero aún así, sin nuestras firmas el diputado Camacho pretende devolverlo al pleno.
— Ale Brenes (@AlexandraBrene6) September 29, 2026
Siguen viciando el debido proceso de aprobación legislativa pic.twitter.com/LEZDR6aHbC
El informe que la comisión entregó no lleva la firma de tres comisionadas: las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos, y Ariana Coba, del Panameñista.
Brenes y Chandler, votaron en contra de la iniciativa. Coba lo hizo a favor.
Firmaron Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Julio De la Guardia, de Cambio Democrático (CD); Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM); Raphael Buchanan, del PRD; Alain Cedeño, de RM, y Osman Gómez, de Alianza.
Los cambios
El proyecto tiene múltiples cambios respecto al que presentó el Tribunal Electoral el pasado 31 de agosto.
La comisión aprobó 27 modificaciones, eliminó 14 artículos, lo que suma 41 cambios. Además, añadió otros cinco.
El informe califica la reforma de “integral y de gran calado”.
Por ejemplo, fija en 3% de los votos válidos de la última elección presidencial el requisito para formar un partido; sube de 2% a 3% las firmas a favor de una candidatura por la libre postulación; establece las primarias como mecanismo general; crea la elección de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por circuito nacional único; sustituye el método de residuo por el de “resto mayor” en la adjudicación de curules, y prohíbe usar sin autorización la imagen o la voz de un candidato, incluso alteradas con inteligencia artificial.
También tiene cambios que han sido duramente cuestionados por distintos sectores de la sociedad.
Los diputados Robinson y Camacho, presidente y secretario de la Comisión de Gobierno, respectivamente, impulsaron un artículo que aumenta los topes de financiamiento privado de campaña. Para diputados, el límite sube de $300,000 a un máximo de $500,000, según el tamaño del circuito.
El texto también permitirá a una persona postularse a dos cargos de elección sin que deba renunciar a ninguno.
Otra moción convierte al presidente de cada partido en su representante legal, una modificación que favorece a Robinson, presidente del PRD. En el PRD, la representación legal la ostenta el secretario general, cargo que ocupa Balbina Herrera. Esta propuesta, impulsada directamente por Robinson, ya fue cuestionada por Herrera.
Herrera dirigió una nota a la bancada del PRD, en la que cita el artículo 138 de la Constitución, que dicta que la estructura interna de los partidos “estará fundada en principios democráticos”, y advierte que ese mandato exige que la soberanía resida “en la base” y no “en la concentración de atribuciones en una sola figura”.
En el primer debate, 14 personas opinaron sobre el proyecto 699, según destaca el informe que ahora está en el pleno.
El proyecto espera ahora su incorporación en la agenda del pleno legislativo, para el segundo debate.
