En el proyecto de ley 699 que reforma el Código Electoral, el Tribunal Electoral (TE) propuso duplicar, de $2,000 a $4,000, la multa al tesorero de una campaña presidencial que no entrega el informe de ingresos y gastos.
Sin embargo, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, en primer debate desestimó el incremento. No acogió el aumento.
El texto que espera segundo debate en el pleno Legislativo mantiene la cifra que establece la ley actualmente, es decir, $2,000.
La Comisión de Gobierno tiene como presidente al diputado Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y a Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas (RM) como secretario general.
La dupla empujó buena parte de los cambios polémicos que se encuentran en el proyecto. De hecho, no están a favor de que la iniciativa regrese a primer debate para mayor discusión, tal como lo han pedido múltiples sectores.
Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno
“Discutamos el proyecto de ley y vamos a ver quiénes son los malos y quiénes son los que verdaderamente quieren que una reforma sea transparente”
El TE también propuso incrementar el monto de las multas para candidatos del resto de los cargos de elección popular, pero la Comisión de Gobierno también dejó algunas como en el código actual y otras las redujo.
El artículo 242 de la ley electoral exige tesorero solo a las campañas presidenciales. La multa para el resto de los cargos se impone a los candidatos.
La multa para los tesoreros de campaña de candidatos a presidente que no entreguen a tiempo el reporte de gastos figura en el artículo 558 del Código Electoral. Mientras que el 559 se refiere a las circunscripciones de menos de 10,000 electores.
La crítica
Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, miembros de la Comisión de Gobierno y quienes votaron en contra del proyecto en primer debate, cuestionan este y otros cambios impulsados por la comisión.
En un informe de minoría, las diputadas de la bancada Vamos, arremetieron contra el proyecto de ley 699 y solicitaron al pleno que no aprueben esta iniciativa en segundo debate, porque lo consideran inconstitucional.
Advierten entre otras cosas que la comisión recortó facultades del TE. Sobre las multas, argumentan que reducir su monto “hace que se pierda el efecto disuasivo que debe tener la sanción”.
Agregan que el castigo “funciona como una advertencia pública”, y advierten que quien ve las consecuencias para el infractor evita la falta.
Brenes y Chandler llevaron al pleno su informe de minoría el pasado jueves 8 de octubre.
Las dos diputadas abarcaron múltiples temas en su informe.
“Se coarta el ejercicio constitucional de los derechos políticos, para la creación de nuevas organizaciones políticas y para la participación de candidatos a puestos de elección popular por libre postulación (sufragio pasivo), así como el derecho a votar por nuevos actores del panorama político electoral (sufragio activo)”, se lee en el documento.
Un cambio en el que coinciden
El artículo 566 de la norma actual multa con $100 por cada día de atraso al tesorero que incumple sus deberes ante la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político.
El TE y la Comisión de Gobierno proponen $500 por cada mes de atraso. Con la multa vigente, cinco días de atraso suman $500.
Donaciones prohibidas
El artículo 556 multa hoy con $1,000 a $25,000 a quien reciba donaciones que el artículo 230 prohíbe. El TE propone una multa “equivalente al monto recibido”. Pero la comisión eliminó esa propuesta.
Robinson y Camacho defienden los cambios y sobre todo se resisten a regresarlo a primer debate.
El diputado bocatoreño afirmó recientemente que devolverlo a primer debate sería “un retroceso”.
Admitió, sin embargo, que el pleno debe corregir “dos o tres cosas” en el segundo debate.
Otras propuestas del TE que la comisión no incluyó
Artículo 563-A: multa de dos veces lo excedido, omitido o alterado en el informe de financiamiento privado, para los candidatos. Hoy el artículo 563 aplica esa regla solo a los partidos.
Artículo 559-A: responsabilidad solidaria de los partidos por las multas de sus candidatos.
La semana pasada, los diputados esperaban el regreso de la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, quien se encontraba de viaje por Europa. Castañedas volvió al país el viernes, por lo que la propuesta podría entrar en debate esta semana.
Las sesiones ordinarias de la Asamblea terminan el próximo 31 de octubre.
