La demanda que interpuso el Ministerio de Trabajo para disolver el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), considerado el más influyente del país, es un hecho inédito que sacude al sistema laboral panameño.
¿Qué significa esto en términos legales? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Y cuánto tiempo podría tomar? Para entender el proceso que sigue, La Prensa entrevistó a Candelario Santana, jurista especializado en derecho del trabajo y profesor universitario, quien explicó con claridad el procedimiento.
¿Dónde cae la demanda?
La ruta arranca en los juzgados seccionales de trabajo de la ciudad de Panamá, ubicados en Plaza Edison, entre la Vía Transístmica y la Vía Ricardo J. Alfaro, en el corregimiento de Betania. Hay cuatro despachos y, por sorteo, uno de ellos recibirá el expediente.
Los jueces a cargo son Rafael Pinzón, Orlando Tobares, Gilberto Hughes y Nicodemus Rodríguez.
Una vez asignado el caso, el juzgado deberá notificar al sindicato y darle un breve plazo para responder la demanda. El Suntracs debe entonces designar abogados, presentar su defensa y prepararse para una audiencia que, según el artículo 991 del Código de Trabajo, puede resolverse incluso en el acto.
¿Qué tan rápido puede avanzar el proceso?
A diferencia de otros procesos laborales que pueden tardar meses o años, este juicio se tramita por la vía especial abreviada, explicó Santana. “En una semana pueden estar notificando, a la siguiente fijar audiencia, y el fallo podría salir en 15 días”, dijo. Aunque la ley permite que el juez falle en la audiencia misma, también puede tomarse unos días más para deliberar.
¿Qué pasa si el juez le da la razón al ministerio?
La parte que pierda, ya sea el sindicato o el Estado, podrá apelar ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, compuesto por cinco magistrados. Allí el proceso podría extenderse por semanas o meses.
Y si persisten las discrepancias, el caso puede escalar a la Corte Suprema de Justicia, a través de un recurso de casación laboral ante la Sala Tercera.
¿Qué tiene que probar el ministerio?
El argumento del Ministerio de Trabajo es que el sindicato ha dejado de cumplir con los fines para los que fue creado. Pero, según Santana, la carga de la prueba recae en quien demanda, es decir, en el Estado. Debe demostrar, por ejemplo, si Suntracs incurrió en actividades que desbordan su misión sindical: actos comerciales, uso indebido de fondos, o excesiva participación política.
“El problema es que a veces los sindicatos se contagian de ideologías y se desvían del sindicalismo puro”, dijo Santana. “Si se volvieron más comerciantes que sindicalistas, eso podría justificar la acción del Estado… pero hay que probarlo con evidencias claras”, añadió.
¿Y qué puede alegar Suntracs?
Para defenderse, el sindicato puede demostrar que ha cumplido con sus estatutos y con lo que establece el Código de Trabajo, que ha representado a los trabajadores en sus luchas legítimas y ha promovido condiciones laborales más justas. “Tienen abogados, tienen estructura, deben tener pruebas también”, asegura el jurista.
¿Hay antecedentes de algo así?
No con esta magnitud. Santana recuerda intentos históricos de proscribir sindicatos, como ocurrió con el sindicato bananero en Puerto Armuelles, Chiriquí; o con el Partido Comunista. Pero una demanda para disolver a un sindicato como Suntracs, con presencia nacional y miles de afiliados, no tiene precedentes cercanos.
Un mensaje para ambos bandos
Más allá del pleito jurídico, Santana lanza una advertencia con equilibrio: ni los sindicatos deben olvidar su razón de ser ni el Estado puede caer en intervencionismos excesivos.
“El sindicalismo debe replantearse. No estamos en la era de la Revolución Industrial, estamos en la era de la inteligencia artificial”, dijo. “Y por otro lado, el Estado debe actuar con responsabilidad, sin extralimitarse, porque la libertad sindical es un derecho constitucional y protegido internacionalmente”.
Lo que ocurra en las próximas semanas definirá no solo el futuro del sindicato más poderoso del país, sino también el rumbo del sindicalismo panameño.
El pasado jueves en la tarde, Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, informó que la demanda está sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo y que responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos.
