El diputado Augusto Palacios, del circuito 4-1, Chiriquí, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que crea el Programa para la Producción Alimentaria en los Centros Penitenciarios.
La propuesta busca que en las cárceles panameñas cultiven, críen o produzcan parte de la comida que consumen los privados de libertad, en lugar de depender por completo de la alimentación que facilita el gobierno.
Palacios, diputado de la bancada Vamos, recordó en su propuesta que en mayo de 2026 Panamá tenía una población penitenciaria de 24,130 personas. De esos, 23,417 hombres y 713 mujeres, según la Dirección General del Sistema Penitenciario.
Esa población, añadió, consume más de 70,000 raciones de comida al día. El Estado destina cerca de $50 millones anuales para alimentarla, unos $5.50 por persona diaria. El costo total por recluso, alimentación, salud, seguridad y administración, ronda los $40 diarios y puede subir hasta $90 cuando hay atención médica especializada.
Sin embargo, esta propuesta legislativa no elimina esa obligación estatal. La producción penitenciaria funcionará como complemento, no como sustituto. El texto lo deja explícito: el Estado sigue obligado a garantizar alimentación adecuada, suficiente y balanceada, con o sin cosecha propia.
Cómo arranca el programa
De acuerdo con el documento, la Dirección General del Sistema Penitenciario, bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno, tendrá la rectoría del programa. Pero, coordinará con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Salud.
La fase piloto se ejecutará en el Centro Penitenciario de Chiriquí. Doce meses después, el Ministerio de Gobierno deberá entregar un informe técnico que mida producción, costos, indicadores de eficiencia e impacto ambiental antes de decidir si el modelo se extiende a otras cárceles del país.
El texto habilita varios sistemas de producción: agrícola, pecuario, avícola, acuícola, hidropónico, acuapónico y agricultura protegida. La elección dependerá del clima, la infraestructura, el agua disponible y el presupuesto de cada centro.
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Trabajo sin relación laboral
Los privados de libertad que participen no tendrán contrato ni relación laboral con el Estado. El anteproyecto define su participación como formativa, productiva y ocupacional, sujeta a criterios de conducta, salud y evaluación de riesgos. No podrá usarse como castigo ni como condición para ejercer derechos, y el texto prohíbe expresamente cualquier forma de explotación o trato degradante.
A cambio, quienes participen podrán acceder a capacitación técnica en áreas como agricultura sostenible, manejo de plagas, riego, bioinsumos e inocuidad alimentaria, con certificaciones otorgadas por instituciones académicas o técnicas. El Ministerio de Gobierno también podrá firmar convenios con universidades para pasantías de estudiantes de carreras agropecuarias.
Qué pasa con los excedentes
Si la producción supera lo que consume el propio centro, la ley permite tres destinos: redistribuir el excedente a otras cárceles, donarlo a bancos de alimentos o programas sociales, o venderlo. El dinero de esas ventas alimentará un nuevo Fondo de Autogestión para la Producción Alimentaria Penitenciaria, administrado por el Ministerio de Gobierno y destinado exclusivamente a sostener el programa.
El anteproyecto cita como referencia el Plan Cero Ocio de El Salvador, además de modelos productivos penitenciarios en España, Brasil y Costa Rica.
