El Tribunal Administrativo de la Función Pública está en la mira del Ejecutivo. Una propuesta para su eliminación fue presentada y será discutida en la Asamblea Nacional.
Se trata del proyecto de ley N.° 390, que busca modernizar la Ley de Carrera Administrativa. La iniciativa fue presentada por el Ministerio de la Presidencia y actualmente se encuentra en análisis en la Asamblea, previo a su discusión en primer debate.
El documento, elaborado con la colaboración del diputado de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, consta de 267 artículos.
En su artículo 264, el proyecto propone la eliminación del Tribunal Administrativo de la Función Pública dentro de los 60 días calendario siguientes a la promulgación de la nueva ley.
Además, establece que: “Los procesos administrativos que se encuentren en trámite en esta instancia se entenderán fallados en contra del peticionario y, por tanto, se agota la vía gubernativa”.
Este tribunal, integrado por tres magistrados —Carlos Ayala Montero, Nelly González y un tercero aún por designar—, es el ente encargado de conocer las apelaciones contra decisiones relacionadas con recursos humanos y destituciones de funcionarios.
A este tribunal acuden funcionarios y exfuncionarios para solicitar el pago de sus prestaciones laborales reconocidas por ley, como vacaciones, décimos y prima de antigüedad.
La institución, que sustituyó la función que ejercía la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en materia de asuntos de funcionarios, inició operaciones en junio de 2018 como una de las novedades de la Ley 23 del 12 de mayo de 2017, que regula la carrera administrativa.
Para 2025, el presupuesto asignado para este Tribunal fue de $2.5 millones y cuentan con 77 funcionarios, de acuerdo al último informe de la planilla de agosto pasado.
De aprobarse, el proyecto restituiría esas competencias a la Sala Tercera, por lo que los funcionarios y exfuncionarios tendrían que recurrir directamente a la Corte.
Por el momento, el documento es analizado en la Asamblea por un grupo de diputados, junto con la Dirección General de Carrera Administrativa, en coordinación con el Órgano Ejecutivo y asociaciones de servidores públicos.
