La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí declaró un “estado de alerta máxima” ante la crisis presupuestaria y administrativa que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), denunciando supuestas irregularidades en el manejo de descuentos salariales aplicados a docentes y funcionarios.

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A través del comunicado 005-2026, el gremio responsabilizó directamente a la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por una situación que califican como “inaceptable” y de graves consecuencias para los trabajadores.

Según el pronunciamiento, la universidad continúa realizando descuentos en los salarios correspondientes a préstamos, compromisos financieros y pensiones alimenticias, pero los fondos retenidos no estarían siendo transferidos a las entidades acreedoras.

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El comunicado

Vulnerabilidad

La organización advirtió que este incumplimiento coloca a docentes y administrativos en una situación de vulnerabilidad económica y legal, pese a que las deducciones sí aparecen reflejadas en sus pagos mensuales.

La Unachi mantiene una planilla de poco más de 2 mil funcionarios, entre personal docente y administrativo, con un costo mensual cercano a los 6 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. El escándalo añade presión a una institución que, en los últimos años, ha estado marcada por cuestionamientos relacionados con su manejo financiero y administrativo.

El gremio sostuvo que las consecuencias ya afectan directamente al personal universitario. Entre los principales problemas mencionaron reportes negativos en asociaciones de crédito, acumulación de intereses moratorios, recargos financieros y posibles procesos judiciales relacionados con el incumplimiento en pagos de pensiones alimenticias. Los docentes señalaron que estos efectos perjudican la estabilidad económica y familiar de los trabajadores.

También se cuestionó la capacidad de gestión de la administración universitaria y se denunció una “asfixia presupuestaria” producto de un manejo deficiente de los recursos.

Exigen informe

Como parte de las exigencias planteadas, la organización pidió a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas y a su equipo financiero la entrega inmediata de un informe detallado sobre el destino de los fondos descontados, así como la cancelación de las deudas pendientes con entidades financieras y juzgados correspondientes.

La organización también advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales, administrativas y de protesta para defender los derechos laborales de los docentes y administrativos afectados.