Tras una consulta realizada por el alcalde capitalino Mayer Mizrachi luego de las crecientes críticas sobre la falta de entrega de fondos de inversión a las juntas comunales, el procurador de la Administración, Rigoberto González, concluyó que la Asamblea Nacional no tiene la facultad legal para interferir en asuntos municipales.
En su respuesta, contenida en la nota C-SAM-6264 del 4 de octubre de 2024, González señala que ni la Constitución ni la ley faculta a la Asamblea ni a sus miembros “ejercer funciones relacionadas con la administración inherentes al gobierno local”.
Pero tampoco, dijo el procurador, restringe las facultades de un diputado para expresar una opinión sobre una cuestión que considere puede afectar o interesar al Órgano Legislativo.
Mayer Mizrachi había enviado una carta al Procurador en la que le planteaba preguntas sobre la injerencia de la Asamblea Nacional en asuntos municipales, basándose en la interpretación de varios artículos de la Constitución.
Esto, tras las declaraciones del diputado Betserai Richards, quien denunció que los representantes de corregimiento del municipio de Panamá están “prácticamente asfixiados” debido a que la Alcaldía no ha distribuido los fondos de inversión para proyectos comunitarios.
Richards expresó en el pleno de la Asamblea que, debido a lo que calificó como un “capricho” de la Alcaldía, no se han entregado recursos esenciales para la ejecución de obras como parques y veredas en las comunidades. Acusó al alcalde de incumplir con la descentralización, que garantiza la asignación de fondos a las juntas comunales.
En su momento, Mizrachi publicó en X: “Hipocresía exigirle al presidente respetar la separación de poderes, pero a la vez meterse en los asuntos de la Alcaldía”, sugiriendo una posible intromisión indebida del legislativo en las competencias municipales.
El procurador González también recordó que la Constitución reconoce el ejercicio de la autonomía política de los gobiernos locales. También señaló que la elaboración del proyecto de presupuesto corresponde al alcalde y no a la Asamblea Nacional.