El desfile de entidades por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional está dejando al descubierto una deuda que el Estado arrastra con miles de sus antiguos funcionarios: millones de dólares en primas de antigüedad que siguen pendientes de pago.
Las cifras aparecen dispersas en las sustentaciones de cada institución, pero juntas dibujan un problema de mayor dimensión: personas que dejaron el servicio público por jubilación, renuncia, destitución u otras razones y que, años después, todavía esperan que el Estado les pague una obligación que les corresponde.
En la Comisión de Presupuesto, el director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Justo Botacio, puso cifra a una parte de la deuda: el proyecto de presupuesto para 2027 contempla $48 millones para el pago de primas de antigüedad. Pero ese monto no representa el total de lo que el Estado adeuda.
Botacio reconoció que el Gobierno aún no cuenta con un inventario completo de las obligaciones pendientes con exfuncionarios. Por eso, el MEF pidió a las entidades un reporte actualizado con los montos adeudados y el número de personas que siguen esperando el pago.
Botacio explicó que una de las vías para aumentar los recursos destinados a esta obligación es utilizar los ahorros generados por las entidades en sus planillas y trasladarlos al pago de las primas. Como ejemplo, mencionó al propio MEF, que prevé realizar un traslado de unos $3 millones, producto de ahorros en su planilla.
El funcionario cuestionó que algunas instituciones utilicen esos ahorros para crear nuevas posiciones y realizar nombramientos, en lugar de destinarlos a los exfuncionarios que aún esperan el pago.
Monto mayor
En realidad, los $48 millones mencionados por Botacio son solo una parte del monto recomendado para atender las primas de antigüedad. Esa cifra corresponde a las entidades del Gobierno Central.
Documentos a los que tuvo acceso La Prensa muestran que, al sumar las instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros, el monto recomendado por el MEF asciende a $82.3 millones. De ese total, $25 millones corresponden a las instituciones descentralizadas, $5.6 millones a las empresas públicas y $3.7 millones a los intermediarios financieros.
Pero los $82.3 millones están lejos de lo que las propias entidades estatales solicitaron para cubrir sus obligaciones. Las peticiones iniciales sumaban $182.2 millones, pero el MEF recomendó $82.3 millones, después de aplicar un recorte de $99.9 millones.
Aunque los $182.2 millones solicitados para 2027 representan una cifra elevada, tampoco corresponden al monto total de la deuda que el Estado mantiene por primas de antigüedad. El caso del Ministerio de Seguridad lo ilustra: la institución solicitó $76 millones para cubrir estas obligaciones, pero recibió una asignación de apenas $10 millones. La diferencia seguirá pendiente.
Justo Botacio, director de Presupuesto del MEF
“La mayoría de las instituciones lo que hacen es que ese ahorro de planilla crean nuevas posiciones”
Por eso, el MEF pidió a las entidades realizar un inventario actualizado —una especie de censo de la deuda— que permita determinar cuánto se debe realmente y a cuántos exfuncionarios corresponden esos pagos.
El análisis
Para el diputado Luis Duke, de Vamos, el problema trasciende la falta de una partida presupuestaria. Sostiene que el Estado debe cumplir con los derechos económicos de quienes terminan su vida laboral en el sector público y cuestiona que durante años no haya existido un inventario consolidado de estas obligaciones.
A su juicio, los cuestionamientos hechos por los diputados durante las sustentaciones presupuestarias llevaron al MEF a pedir a cada institución información sobre el monto adeudado y la cantidad de exfuncionarios afectados. “No han tenido una radiografía completa del problema a nivel de detalle. Solo lo ven a nivel de cada institución por separado”, dijo Duke.
También señaló que algunas entidades han comenzado a pagar deudas que se arrastran desde 2011, pero advirtió que todavía se desconoce la magnitud total de la obligación.
Desde el Movimiento Otro Camino, el diputado José Pérez Barboni cuestionó que el Estado mantenga deudas por servicios ya prestados mientras destina dinero a otros gastos. Mencionó entre ellos los viáticos, alquileres y dietas, y planteó que también debe establecerse una prioridad para saldar las obligaciones con los exfuncionarios.
“Muchos de ellos no llegan a ver en vida estos compromisos que adquieren las instituciones con ellos”, afirmó. Pérez Barboni considera que la ausencia de un censo nacional constituye una falla en la administración de la deuda y puso como ejemplo al Ministerio Público, que, según dijo, sí mantiene identificado el número de personas a las que debe pagar.
Ambos diputados forman parte de la Comisión de Presupuesto donde se debate este tema.
La norma
La prima de antigüedad en el sector público no nació con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El beneficio tiene más de una década de historia y fue reconocido inicialmente mediante las leyes 39 y 127 de 2013, que establecieron una prestación equivalente a una semana de salario por cada año trabajado.
El beneficio ha sobrevivido a varios cambios legales y gobiernos. En 2014, a pocos días de dejar el poder, el gobierno de Ricardo Martinelli reglamentó, mediante el Decreto Ejecutivo 52, el pago de prestaciones a los servidores públicos. La norma fue derogada poco después por la administración de Juan Carlos Varela. En 2017, la Ley 23 volvió a modificar el régimen, pero mantuvo la prima como un derecho de los servidores públicos.
El siguiente cambio ocurrió en 2021, con la Ley 241, que mantuvo el pago de una semana de salario por cada año laborado, pero excluyó a funcionarios de determinados cargos, entre ellos ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas. Estas restricciones llegaron a la CSJ, que el 21 de julio de 2026 declaró inconstitucionales nueve de los diez numerales que establecían esas exclusiones. La Corte consideró que las restricciones vulneraban el principio de igualdad y afectaban un derecho vinculado al trabajo.
El fallo amplió nuevamente el alcance del beneficio, pero no creó la deuda que hoy enfrenta el Estado. Desde hace años, distintas instituciones acumulan millones de dólares en primas de antigüedad pendientes de pago a miles de exfuncionarios. El problema ahora es determinar cuánto se debe realmente y a cuántas personas.
