Con 57 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026, que asciende a $34,901 millones.
La votación, realizada tras más de siete horas de discusión en el hemiciclo, marcó un paso decisivo en el proceso legislativo de la principal herramienta fiscal del Gobierno, en medio de un contexto de tensiones políticas, demandas de mayores recursos por parte de diversas instituciones y llamados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a mantener la disciplina presupuestaria para evitar riesgos fiscales.
Durante el debate del documento, el ministro de Economía, Felipe Chapman, reiteró que el presupuesto del país no puede satisfacer todas las demandas institucionales. “Aunque lo multipliquemos por cinco veces, nunca va a ser suficiente”, afirmó.
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Según datos ofrecidos por el funcionario durante su intervención, el presupuesto ronda los $34,000 millones, mientras que las solicitudes recibidas por distintas entidades superan los $40,000 millones. “Casi $10,000 millones más de lo que este país puede pagar”, puntualizó.
El ministro advirtió sobre las consecuencias de ceder a las presiones por incrementos presupuestarios sin respaldo fiscal. “Si este país tuviera el presupuesto que todas las instituciones piden, perderíamos la calificación de riesgo de grado de inversión el mismo día que se presenta el documento en la Asamblea”, dijo.
Además lamentó lo que describió como una “olímpica desconexión de la realidad” en algunas solicitudes de fondos, que calificó de “excesivas e irresponsables”.
Caso puntual
Durante la sustentación del presupuesto, Chapman criticó públicamente el desconocimiento de algunas autoridades sobre la gestión de recursos públicos. “El rector de la universidad nacional [Eduardo Flores]… dio una entrevista en la cual dejó claramente en evidencia un desconocimiento sobre el manejo del déficit fiscal”, afirmó Chapman, refiriéndose a declaraciones previas del rector. Desmintió que los recortes presupuestarios previstos afecten directamente la cantidad de profesores o estudiantes.
El titular de Economía y Finanzas destacó además la importancia de hablar solo sobre temas de conocimiento propio y criticó la desinformación en la gestión universitaria. “Si hay algo que yo me cuido mucho es no hablar de lo que no es mi tema de dominio… El rector no sabe el manejo del presupuesto y sus asesores o no lo ayudan o le informan mal sobre la gestión pública”, explicó Chapman, señalando que problemas similares ocurren en diversas entidades públicas.
Uno de los temas a los que se refirió el funcionario fue la baja ejecución del presupuesto en esa casa de estudios. La Universidad de Panamá concentra el mayor presupuesto de funcionamiento del sistema universitario, con $345.3 millones asignados. Hasta agosto de 2025, ha ejecutado $205 millones, lo que representa un 59.4 % de los recursos disponibles. Sin embargo, en inversión, de los $50 millones previstos, apenas ha utilizado 3.8 millones, un preocupante 7.6 %.
Por su parte, el rector se ha quejado porque para 2026 le recomendaron un presupuesto de $317 millones, muy por debajo de los $395 millones que recibió en 2025.
Recaudación
Como parte del debate, los diputados consultaron a las autoridades del MEF sobre el comportamiento de la recaudación de impuestos durante 2025. Según el informe preliminar presentado en el pleno, la recaudación tributaria acumulada al cierre del tercer trimestre alcanzó $4,738.5 millones, compuestos por $4,599.1 millones en efectivo y $139.4 millones mediante documentos fiscales, equivalente a un crecimiento del $14.1 % respecto al mismo periodo de 2024, según el MEF.
Tras la aprobación en segundo debate, el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni, destacó la importancia del acompañamiento legislativo sin renunciar a la labor de control político. “No es un cheque en blanco, pero logramos que se aprobara en segundo debate el presupuesto. Vamos a seguir fiscalizando”, señaló, insistiendo en que el objetivo de su bancada es garantizar que cada dólar del Estado se use con eficiencia y en beneficio de la ciudadanía.
El presupuesto 2026 destina $11,151 millones a inversión pública, un aumento del 26 % respecto a 2025, de los cuales 12% se dirigirá a infraestructura y 9.5 % a programas sociales y de desarrollo humano, incluyendo salud, educación y acceso a agua potable. Ante el crecimiento histórico de la deuda, que pasó de $26,612 millones en 2019 a $51,812 millones en 2024, y el aumento del 152 % en intereses, Chapman aseguró que el presupuesto incorpora estrategias de refinanciamiento y gestión prudente para garantizar la sostenibilidad fiscal.
La discusión en tercer debate se llevará a cabo el próximo lunes.
