En la Asamblea Nacional se presentaron tres anteproyectos de ley que buscan eliminar los seguros privados para los funcionarios financiados con fondos del Estado, mientras que los diputados también propusieron suprimir, del presupuesto de 2026 —próximo a discutirse en el pleno del Legislativo— las partidas destinadas a estos beneficios.
Uno de los proyectos fue presentado por el diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, quien propone prohibir expresamente el uso de dinero público para costear pólizas privadas de salud de los servidores públicos.
El segundo, del diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño Alvarado, busca impedir que dentro del Presupuesto General de las instituciones públicas se incluyan partidas destinadas a seguros de salud, vida, accidentes u otros beneficios similares. Hay un tercero, del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, pero no se tuvo información detallada sobre su contenido, pese a las llamadas realizadas.
En el caso de Duke y Cedeño, ambos proyectos coinciden en el diagnóstico: el Estado panameño destina recursos para cubrir seguros privados de ciertos funcionarios, mientras que la mayoría de la población depende de un sistema público marcado por el desabastecimiento de medicamentos, la falta de personal y la precariedad de la infraestructura hospitalaria.
El contenido
El anteproyecto de Duke concentra su alcance en los seguros de salud, dejando claro que ninguna institución —ya sea del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, autónomas, semiautónomas o empresas estatales— podrá pagar con fondos públicos este tipo de pólizas. Además, introduce una disposición específica: los recursos liberados deben redirigirse al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social, con el fin de fortalecer la atención médica y garantizar el abastecimiento de insumos.
Por su parte, la propuesta de Cedeño es más amplia. Prohíbe la inclusión de partidas para seguros no solo de salud, sino también de vida y accidentes, y extiende la restricción a municipalidades y empresas mixtas donde el Estado tenga participación. Asimismo, contempla excepciones puntuales, como seguros obligatorios derivados de tratados internacionales, cobertura para misiones diplomáticas en el exterior y seguros de vida para estamentos de seguridad, siempre que estén debidamente justificados.
Otra diferencia significativa es que el proyecto de Cedeño incluye sanciones y mecanismos de control. Establece que cualquier gasto destinado a seguros privados será considerado nulo, y que sus responsables podrán ser sancionados administrativamente, penalmente o patrimonialmente. Incluso asigna al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la tarea de rechazar de oficio las partidas presupuestarias que contravengan lo dispuesto en la ley.
Otros diputados, como el independiente Betserari Richards, solicitaron a sus colegas que se eliminen del presupuesto de 2026 las partidas relacionadas con seguros privados. “Estamos peleando contra los fueros y privilegios”, afirmó.
El rechazo
Algunas figuras públicas, como el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, así como el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgardo Molino Mola, se han sumado al debate sobre que diversos funcionarios de alto rango —entre ellos magistrados del Tribunal Electoral, miembros del Órgano Judicial y personal directivo de entidades autónomas— cuenten con pólizas privadas, muy superiores a las posibilidades reales del ciudadano promedio que depende de la Caja de Seguro Social (CSS) o del Ministerio de Salud (Minsa).
“Si no quieren usar la salud pública, que ellos mismos paguen sus seguros privados”, expresó Gordón, recordando que en la Universidad de Panamá los docentes no reciben este tipo de beneficio y deben cubrir con sus propios ingresos cualquier atención en clínicas privadas.
Para Gordón, la eliminación de este gasto es urgente en un contexto de restricción fiscal. “Estamos en una época de ahorro, en la que no se puede gastar tanto dinero porque la situación económica del Estado anda mal”, advirtió.
El Estado destina al menos 168.9 millones de dólares a este tipo de seguros en siete entidades, recursos que, en su opinión, deberían redirigirse a combatir las desigualdades en salud. “Ese dinero puede servir para construir clínicas en las comarcas o para abastecer los hospitales públicos, en lugar de dedicarse a un grupo de privilegiados”, señaló.
En perspectiva
El economista enfatizó que ese monto podría tener un impacto mucho mayor si se asigna al sistema público de salud. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra representa casi la totalidad del presupuesto necesario para equipar todas las salas de hemodiálisis en los hospitales públicos, cuya inversión asciende a $178 millones.
Además, equivaldría a más de la mitad del gasto anual en medicamentos de la CSS, que en 2024 superó los $319 millones, suficiente para garantizar tratamientos esenciales a miles de pacientes con enfermedades crónicas.
Si se enfocara en infraestructura y personal, esos $168 millones también podrían construir o remodelar dos hospitales regionales completos, con quirófanos y unidades de cuidados intensivos, o contratar más de 3,300 médicos durante un año, ampliando drásticamente la cobertura médica en todo el país.
Una de las entidades que más asigna en seguros privados es el Ministerio de Seguridad, que destina $122 millones para más de 45 mil agentes y funcionarios. No obstante, expertos consideran que con esos montos se podría construir un centro hospitalario para la entidad, como lo tienen otros estamentos de seguridad o ejércitos de la región.
En América Latina, varios países cuentan con hospitales militares propios para atender al personal de las Fuerzas Armadas y, en algunos casos, a la población civil. Desde el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” en Nicaragua, hasta el Hospital Central Militar en México y la red de hospitales del Ejército Argentino, estas instalaciones ofrecen atención especializada y cumplen un papel estratégico en emergencias sanitarias. También destacan los de Bogotá, en Colombia, y los de Brasil.
Para Molino Mola, un presupuesto es, al final, un espejo del país que queremos ser. Si aceptamos que incluya privilegios y exoneraciones injustificadas, ese espejo nos devolverá la imagen de una nación que confunde el servicio público con el beneficio personal. Pero si logramos que el presupuesto sea, de verdad, la expresión de la soberanía popular, entonces podremos mirarnos en ese espejo con dignidad.
Respuesta del MEF
Se consultó al viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, quien se refirió al debate sobre el pago de seguros privados en entidades públicas y aclaró que cada institución es responsable de justificar y administrar su presupuesto.
El funcionario explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo supervisa la congruencia entre lo programado y lo ejecutado, sin tener injerencia en la gestión directa de los recursos. Además, subrayó que la verificación de la pertinencia y legalidad de esos gastos corresponde a entidades que ejercen funciones de fiscalización y control.
En este momento, el MEF ejecuta una serie de medidas administrativas y fiscales para la contención del gasto público contenidas en la resolución de Gabinete 57-25 que establece una reducción de hasta B/.1,900 millones del presupuesto general del Estado.
