El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes 2 de noviembre la ley que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá, tras varios meses de discusión y el veto presidencial a una propuesta anterior.
La normativa modifica la Ley 6 de 1987 e incorpora nuevos beneficios en medicamentos, tratamientos médicos, equipos de asistencia y servicios funerarios, a la vez que establece multas de hasta $5,000 para los establecimientos que incumplan con los descuentos.
La ley contempla rebajas en productos y servicios relacionados con la salud, la movilidad y el cuidado personal. Entre los principales cambios se encuentra el descuento del 20% en medicamentos, que deberá aplicarse con la presentación de una receta médica a nombre del beneficiario. En caso de que el medicamento sea de venta libre, no es necesario que se presente una receta.
Así, el descuento en medicamentos sube del 10% al 20%, pero solo con receta médica a nombre del beneficiario. El proyecto original proponía 25%.
También se establece una rebaja del 30% en procedimientos, terapias, medicamentos e insumos para el tratamiento del cáncer, mientras que las consultas de medicina general y especialidades tendrán un descuento del 25%.
Por otro lado, los exámenes de laboratorio tendrán una reducción del 20%, los servicios radiológicos del 30% y los de optometría y oftalmología del 15%.
Aunque la ley fue sancionada este 2 de noviembre, los nuevos beneficios no comenzarán a aplicarse de inmediato, ya que el texto aprobado establece que entrará en vigor seis meses después de su publicación en la Gaceta Oficial, según lo establecido en el proyecto de ley 746, aprobado en tercer debate el pasado 30 de octubre de 2026.
Más descuentos para los adultos mayores
La legislación incorpora un descuento del 20% en la adquisición de prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, camas hospitalarias y otros equipos de asistencia.
Además, contempla una rebaja del 15% en elementos destinados a mejorar la accesibilidad y seguridad de la vivienda principal, como rampas, barras de apoyo y adaptaciones básicas de baños.
Otros beneficios incluyen descuentos del 25% en ataúdes y servicios funerarios, así como del 20% en pañales desechables para adultos y en la tasa de aseo residencial.
La normativa también establece que los comercios deberán mostrar tanto el precio regular de los productos como el precio con descuento.
En caso de incumplimiento, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) podrá imponer multas de entre $50 y $5,000, que se duplicarán en caso de reincidencia.
La sanción de la ley ocurre después de varios meses de discusiones entre representantes de jubilados, empresarios, diputados y autoridades del Ejecutivo, y luego de que el pasado 20 de septiembre de 2026 el presidente Mulino vetara el proyecto de ley 226, que también buscaba ampliar los descuentos para jubilados y pensionados
En su momento, uno de los principales puntos de debate fue el impacto económico que los nuevos descuentos podrían representar para los comercios, principalmente para las pequeñas empresas.
Tras el veto, las partes participaron en reuniones para buscar acuerdos sobre los porcentajes de descuento y los mecanismos de compensación a los establecimientos comerciales.
Como resultado de ese proceso, el diputado Javier Sucre presentó el 6 de octubre el proyecto de ley 746, que incorporó modificaciones a la propuesta anterior.
La iniciativa fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional el viernes 30 de octubre, con 50 votos a favor, y posteriormente remitida al Ejecutivo para su sanción.
Los beneficios contemplados en la ley podrán ser utilizados por mujeres a partir de los 55 años y hombres a partir de los 60 años, así como por jubilados y pensionados, independientemente de su edad, de acuerdo con las condiciones de elegibilidad establecidas»
