El 18 de mayo de 2022 la entonces ministra de Relaciones Exteriores Erika Mouynes cuestionó fuertemente por qué algunos de los países del G7, los más desarrollados del mundo, no estuviesen en las listas grises por su opacidad y falta de cooperación en materia financiera. Después de aquella declaración, el Estado panameño mantuvo una posición genuflexa y sumamente silente en este tema.
El pasado miércoles 25 de septiembre, el presidente de la República José Raúl Mulino pronunció un importante discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El mandatario panameño aprovechó la oportunidad para cuestionar el hecho de que el país siguiera en estas listas discriminatorias, junto a países cuyos regímenes son amenazas a la paz mundial. Mulino recalcó que “Panamá no es un paraíso fiscal” y que su gobierno aplicaría sanciones a aquellos países que insistan en incluir a este país en estas listas discriminatorias.
La trayectoria panameña
Es innegable que Panamá ha tenido muchísimos avances en materia de regulación financiera, para armonizar los parámetros locales con los internacionales. Hoy en día es sumamente difícil abrir una cuenta bancaria, y la prestación de servicios legales, como la creación de sociedades anónimas, la constitución de fideicomisos y otras operaciones del mundo jurídico corporativo, son hoy en día engorrosos y hasta poco atractivos para la clientela internacional.
En Panamá sucedió lo impensable, se tipificó la evasión fiscal como un delito dentro del Código Penal, se suscribieron tratados de intercambio automáticos de información financiera con nuestros más importante socios de negocios, y se articuló una Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), que le apretó las tuercas a los actores del universo económico panameño. Periódicamente la SSNF publica el listado de firmas de abogados y de sociedades anónimas que no han cumplido con la actualización regulatoria, y que por lo tanto enfrentan muy serias consecuencias.
Pero…
A pesar de los logros anteriores, todos los cuales son significativos, a Panamá se le criticaba porque no había condenas judiciales en firme. Poco a poco empezaron a aparecer las condenas y no necesariamente de peces chicos. Un expresidente de la República, varios ex-ministros de Estado, otros exaltos funcionarios, abogados corporativos y otros profesionales del mundo financiero, enfrentan serias condenas por casos como New Business, Blue Apple y otros. Esto debería ser suficiente para sacar a Panamá de todas las listas, y aunque pareció que así iba a ocurrir, persistimos en los listados por aparentes razones de oportunismo político de naciones europeas.
Sin embargo, más allá del pase de factura oportunista de algunos países, hay muchas razones de peso para mantener a Panamá en estas y otras listas:
- Sentencias inútiles
Tómese el ejemplo más conocido, el del expresidente Ricardo Martinelli, quien bajo custodia de miembros del Servicio de Protección Institucional, lo dejaron entrar a la sede de la embajada de Nicaragua para que se asilara. En comparación, el entonces presidente en funciones de Perú, Pedro Castillo, intentó asilarse en la embajada de México en Lima y la propia guardia presidencial que lo escoltaba, avisó a las autoridades para que fuera detenido y el asilo fuese frustrado. Ni hablar de que por casi 7 meses la casita en La Alameda, que servía de hogar a la embajadora de Nicaragua, se ha convertido en un activo centro político en violación de todos los convenios internacionales que regulan el asilo político y las relaciones diplomáticas entre los países.
Por otro lado, figuras de la fauna política como el exministro Guillermo Ferrufino, y los exalcaldes Bosco Vallarino (Panamá) y Pedro Sánchez Moró (Arraiján) todos los cuales tienen importantes condenas en firme, no conocen el interior de los centros penitenciarios de este país. ¿Será que la Policía Nacional tiene la orden de no detenerlos, o estará muy ocupada con las vigas hurtadas al Ministerio de Obras Públicas?
- La Unidad de Análisis Financiero
Desde su creación, la principal entidad con capacidad para detectar los movimientos financieros sospechosos y rastrear el dinero sucio en el país, la Unidad de Análisis Financiero ha estado adscrita a la Presidencia de la República. Esto es muy conveniente si se quiere proteger a los amigos, perseguir a los enemigos y saber con exactitud cuál puerta tocar para obtener financiamiento para la campaña electoral, o incluso para obtener participación en un buen negocio. Esta unidad debería estar en el Ministerio Público o en la Dirección General de Ingresos para que la información financieramente sospechosa se convierta siempre en investigaciones, y no solamente cuando le conviene al gobernante de turno.
- Fiscales destituidos
El 28 de junio de este año, los fiscales superiores Adecio Mojica y Zuleyka Moore fueron destituidos injustificadamente. De este hecho tomó nota la comunidad internacional. Es común, en cualquier país democrático con un Estado de Derecho robusto, que los fiscales que dan la cara en el combate a la corrupción sean constantemente atacados y vilipendiados. La fortaleza del Ministerio Público debió consistir en demostrar que estaba por encima de esas presiones. No lo hizo, y eso será una espada de Damocles permanente sobre esta entidad y la imagen de una justicia independiente en Panamá.
- La tregua con la corrupción
Quizás por su propia vivencia, el presidente Mulino ha declarado que su gobierno no hará una persecución del gobierno anterior, y dio a entender que lo que se hizo en el gobierno de Juan Carlos Varela fue esencialmente una persecución política. La marejada de escándalos de corrupción que son portada de todos los medios en los primeros 90 días en el gobierno de Mulino no van a parar. Muy probablemente con el cambio en la administración de la Caja de Seguro Social, se descubran nuevas bellezas, igual pasará con el cambio de contralor general de la República en enero próximo. En sus conferencias de prensa semanales, el propio presidente ha sorprendido a la opinión pública con escándalos como el tema de la compra de perforadoras de pozos por el Ministerio de Salud, la suspensión de la importación de arroz por parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario, porque los intermediarios cuentan con oferta local, y si se suman hallazgos como las 661 vigas perdidas, los docentes fallecidos que seguían cobrando sus salarios, y los otros docentes con diplomas falsos, es evidente que el gobierno de Mulino tendrá que embarcarse en una guerra sin cuartel contra la corrupción. Un indicio de esto, parece ser el mismo discurso que pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que dijo que iba a combatir la corrupción. El mundo nos mira y sabe perfectamente lo que hacemos y lo que somos. Por muy injusto que parezca, las listas mandan un mensaje, muy discriminatorio, porque no incluye a todos los países que debían estar, pero aún así, las listas son un espejo que refleja una imagen que debemos cambiar.