El Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP), una entidad que entró en funciones en 2024, busca engrosar su planilla para el próximo año.
Solicitó un presupuesto para la vigencia fiscal 2027 de $5.1 millones, de los cuales $4.2 millones serían destinados al pago de salarios de los funcionarios, incluidos los nuevos contratos.
Esto implicaría aumentar la planilla a 130 funcionarios. Actualmente, cuenta con 58 funcionarios permanentes, 29 transitorios y un contingente.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recortó su proyecto de presupuesto en 51%. Es decir, de los $5.1 millones solicitados, la entidad quedó con una asignación de $2.5 millones. Esto significa que tendría menos recursos para nuevas contrataciones.
Ante esta situación, el TAFP solicitó una reconsideración. La magistrada presidenta del TAFP, Nelly González Hernández, pidió a los diputados su respaldo para que el MEF apruebe el presupuesto solicitado.
La magistrada admitió que buscan “fortalecer el recurso humano” en la Secretaría Judicial, con la contratación de más abogados para “disminuir los tiempos procesales”.
Además, necesitan más fondos para ejecutar algunos proyectos, como la “expansión de la institución”, que contempla reubicar la sede principal, actualmente ubicada en Marbella, y establecer otra oficina regional.
Una entidad en la mira
El TAFP ha estado en la mira del Ejecutivo. El año pasado, el Ministerio de la Presidencia presentó una propuesta para su eliminación.
Su disolución fue incluida en el proyecto de ley N.° 390, que busca modernizar la Ley de Carrera Administrativa.
En su artículo 264, el proyecto propone la eliminación del Tribunal Administrativo de la Función Pública dentro de los 60 días calendario siguientes a la promulgación de la nueva ley. La iniciativa, por el momento, no avanzó.
¿Cuartel de invierno?
Roberto Zúñiga, diputado de la bancada Vamos, fue uno de los que colaboró con ese proyecto de ley. Recordó que esta institución fue creada mediante la Ley 23 de 2017 y que, desde entonces, no ha operado plenamente debido a que falta la designación de un magistrado que debe ser nombrado por el Ejecutivo.
Actualmente, cuenta con dos magistrados: Carlos Ayala Montero y Nelly González, ambos con un salario de $7,000.
“Pasó un gobierno entero, que fue el de [Laurentino] Nito Cortizo, y esta institución no hizo nada y, hasta este momento, tampoco se ha hecho nada”, sostuvo Zúñiga.
Roberto Zúñiga, diputado de Vamos
“Esta institución se ha convertido en un cuartel de invierno de partidos políticos. Además, tiene un presupuesto inmenso y no se ve rédito para el país”
A su juicio, se debe analizar qué institución genera efectividad para el país y “lamentablemente, al día de hoy, esta institución no ha podido resolver los temas para los que fue creada”, que consisten en resolver los conflictos entre las instituciones y los servidores públicos.
“Entonces, me parece un poco descarado solicitar mayor presupuesto si todavía no están ni siquiera en función y si no están operando”, dijo.
Cifras presentadas por la magistrada González Hernández indican que, desde que empezaron a operar, han atendido 2,172 casos de funcionarios y han resuelto 869.
Zúñiga es de la opinión de que la entidad sí debe existir, pero tiene que ser un “tribunal independiente, despolitizado”.
Según el diputado, en muchas ocasiones se ha comentado que esta institución “se ha convertido en un cuartel de invierno de partidos políticos” y que ha sido utilizada para nombrar a mucho personal, por lo que, al final del día, “tiene un presupuesto inmenso y no se ve rédito para el país”.
¿Qué resuelve este tribunal?
Resolver apelaciones en segunda instancia: conoce los recursos de apelación presentados por los servidores públicos permanentes en contra de resoluciones de destitución o medidas de recursos humanos.
Impartir justicia administrativa laboral: garantiza que los actos y las acciones de personal dentro del Estado cumplan de manera estricta con la normativa legal vigente y respeten los derechos laborales.
Promover métodos alternos de solución de conflictos: faculta y propone a las partes involucradas la mediación o la conciliación como vías para solucionar sus diferencias de manera pacífica y ágil.
