Luego de que diferentes alcaldes del país reclamaran al Gobierno Central la transferencia de los recursos económicos correspondientes a los impuestos de bienes inmuebles, el tema llegó hasta la Procuraduría de la Administración.
El diputado Ernesto Cedeño presentó una querella administrativa y pidió investigar el posible incumplimiento en la transferencia de estos recursos a los municipios.
En su querella, enviada a la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, Cedeño se refiere al incumplimiento en la transferencia de los recursos provenientes de los impuestos de bienes inmuebles, que es atribuible a la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, cargo que actualmente ocupa Roxana Méndez.
Se advierte de una posible omisión, en el ejercicio de las funciones de esta entidad, al no requerir ni exigir al Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia oportuna y completa de estos fondos.
Cedeño argumenta que la Ley 37 de 2009 establece claramente que los ingresos provenientes de estos impuestos deben ser transferidos a los municipios para el fortalecimiento de su gestión autónoma y el cumplimiento de sus competencias institucionales.
En la querella se hace referencia a las manifestaciones de varios alcaldes quienes denunciaron que no están recibiendo los recursos como establece la norma.
Recientemente, alcaldes de algunos de los municipios más importantes del país —Diógenes Galván, de Colón; Mayer Mizrachi, de Panamá; e Irma Hernández, de San Miguelito— reavivaron el debate sobre la distribución de los fondos municipales.
Los jefes municipales cuestionan los retrasos y las inconsistencias en las transferencias de recursos por parte del Gobierno Central, advirtiendo que la falta de liquidez compromete la ejecución de proyectos comunitarios y el funcionamiento de programas esenciales en sus distritos.
El reclamo más reciente fue realizado el pasado lunes 10 de noviembre, cuando en pleno acto cívico del Primer Grito de Independencia, el alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, hizo un llamado a las autoridades locales para estar unidas, al tiempo que le pidió al Gobierno cumplir con la ley de descentralización, que asigna recursos económicos a municipios y juntas comunales.
En los últimos seis años, el Gobierno Central ha dejado de entregar unos $500 millones en concepto de impuestos de bienes inmuebles a los municipios.
