Ante la incertidumbre de decenas de personas atrapadas en un limbo migratorio, el Gobierno renovó el permiso humanitario temporal a unos 48 migrantes extracontinentales que fueron deportados desde Estados Unidos durante el pasado mes de febrero.
Los vuelos, tres en total, llegaron a Panamá desde distintos puntos del país norteamericano, bajo la administración de Donald Trump, en el marco de operativos de repatriación que han sido duramente cuestionados por organismos de derechos humanos. Los migrantes, procedentes de países de África y Asia, permanecen ahora bajo protección temporal mientras las autoridades panameñas evalúan sus casos.
Este grupo fue acogido dentro del gimnasio de Fe y Alegría, un centro educativo transformado en refugio improvisado. Allí, entre paredes de concreto, conviven el cansancio, el miedo y una esperanza frágil.
Marco Gómez, director del centro, les abrió las puertas con lo poco que tenía: camas, comida caliente y una red de apoyo tejida por la Iglesia católica, grupos evangélicos y la comunidad musulmana.
“Vinieron voluntariamente. Les ofrecimos un espacio y ellos aceptaron”, dice con voz serena, aunque no esconde su inquietud. Los migrantes —de países como Somalia, Irán, Rusia, Etiopía o Afganistán— cargan historias dolorosas.
Un joven afgano que perdió un ojo combatiendo junto al ejército estadounidense teme ahora por su vida. Un ruso huyó tras negarse a ir a la guerra en Ucrania. Una joven iraní teme represalias por haberse convertido al cristianismo. Todos tienen razones para no volver.
Tras pasar por una estación migratoria en Darién y un hotel en la capital, el grupo fue llevado a este refugio, con un permiso humanitario temporal que vencía el pasado 7 de abril, pero que ya fue renovado. La medida, otorgada por el Gobierno panameño, puede prorrogarse por 90 días, aunque la incertidumbre persiste.
De los 64 migrantes que llegaron inicialmente, algunos ya se han ido. “Este lugar no está custodiado, ellos son libres. Algunos llegaron, almorzaron y se fueron”, comenta Gómez. La libertad parcial es un respiro, pero también una puerta abierta a lo desconocido.
Una realidad compleja
El principal obstáculo que enfrentan los migrantes extracontinentales en Panamá no es solo la incertidumbre sobre su futuro, sino un marco legal que les ofrece pocas salidas. La legislación panameña no contempla mecanismos flexibles para su regularización, y la única vía posible —solicitar refugio— se torna en una carrera de obstáculos: trámites lentos, procesos engorrosos y una burocracia que requiere voluntad política para funcionar con agilidad. A esto se suma la escasez de abogados migratorios especializados, lo que deja a muchos sin la orientación legal necesaria para defender su derecho a quedarse.
En el caso de los migrantes iraníes, la situación es aún más delicada, marcada por la falta de comunicación entre las autoridades y las organizaciones que los acogen. Hasta ahora, no ha existido un acercamiento formal del Gobierno panameño para atender sus casos ni explorar soluciones concretas. Esa ausencia institucional profundiza el limbo en el que viven, mientras las organizaciones humanitarias hacen lo posible por llenar el vacío con recursos limitados y sin certezas sobre lo que vendrá.
Además, el panorama se complica aún más debido a las restricciones de visa impuestas por la mayoría de los países latinoamericanos a ciudadanos de ciertas nacionalidades, incluyendo la iraní. Esto reduce significativamente las opciones de reasentamiento para estos migrantes en otras naciones de la región.
