La Asamblea Nacional (AN) cerrará 2026 con un presupuesto que podría llegar a $214 millones.
Esa cifra sostiene a 71 diputados (con sus suplentes) que representan a 4.2 millones de panameños.
Costa Rica, con casi 5.2 millones de habitantes, tiene 57 legisladores desde 1961 y un presupuesto de apenas $110 millones que no creció un solo colón respecto a 2025.
El Salvador, con 6 millones de habitantes, redujo su Asamblea Legislativa de 84 a 60 miembros mediante un decreto que reformó el Código Electoral, aprobado en 2023 con dispensa de trámite y aplicado desde las elecciones de 2024. El presupuesto de la asamblea salvadoreña, para 2026, es de $46.9 millones.
Eso indica que El Salvador, que tiene 43% más habitantes que Panamá, tiene un Legislativo que funciona con el 21.9% del presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá.
La realidad de Panamá difícilmente se puede cambiar si no hay una reforma a la Constitución.
Precisamente la reducción de la Asamblea es una de las propuestas que empieza a gravitar en medio del prometido proyecto de Constituyente originaria del gobierno de José Raúl Mulino.
El origen de la cifra
Los $214 millones con los que cerraría la Asamblea este año, tienen una historia que se repite año tras año. Para 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó $98.7 millones al Legislativo. Pero, hasta julio pasado, el presupuesto modificado de este año ya sumaba $146.42 millones.
Y por estos días la diputada presidenta Shirley Castañedas solicitó otros $68 millones, pues afirma que no tiene dinero para pagar planillas y otras deudas. Mientras que para 2027, el MEF le recomendó $97 millones, pero ella sustentó un presupuesto de $176.6 millones.
El contraste con los dos países de Centroamérica también incluye otras variables.
Costa Rica cambió el número de diputados mediante una reforma a su Constitución en 1961. Se trata de la Ley 2741 que no se ha reformado desde entonces, pese a que su población casi se triplicó en ese periodo.
De acuerdo con el informe de presupuesto del Ministerio de Hacienda de ese país, el monto asignado para 2026 fue de 49,542.6 millones de colones, es decir, unos $110 millones. A diferencia de Panamá, no refleja crecimiento.
El Salvador lo hizo de una manera más dramática. En junio de 2023, la Asamblea Legislativa, con mayoría de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó en una sola sesión, con dispensa de trámite, un decreto que reformó el Código Electoral, una ley ordinaria, y Bukele lo firmó al día siguiente (en medio de cuestionamientos dado que se considera que esas reformas consolidan su poder).
Diputados de oposición argumentaron entonces que la reforma buscaba “concentrar más poder” y que era inconstitucional.
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¿Menos diputados?
¿Se puede reducir el número de diputados de la AN? ¿Qué tan probable es que esa reducción quede en manos de la Constituyente que impulsa el gobierno de Mulino?
Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría de la Presidencia para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), lleva ya más de 20 meses al frente de ese proceso, según contó a este diario.
Lo describe como un trabajo de fondo, no una campaña electoral.
“Sin prisa pero sin pausa vamos logrando que amplios sectores de la población entren a conocer, además de sus derechos y deberes reconocidos hasta la fecha, también a interesarse en el papel que le correspondería una nueva Constitución”, contó.
No todos están de acuerdo. Bernal reconoce resistencia “por parte de determinados sectores que van desde aquellos que no quieren que le toquen nada de la Constitución impuesta y que la defienden con el puñal entre los dientes, hasta aquellos que muestran una indiferencia que siempre sucede en todas las sociedades”.
Rechaza, además, que el proceso sea un vehículo personal del presidente: “Aquí se ha querido vender la idea de que queremos imponer una Constitución para Mulino, cuando Mulino no es la Constitución ni la Constitución es de Mulino”.
Para Bernal, la Carta Magna vigente es la que carece de legitimidad de origen: “El documento más inconstitucional que existe en este país es la propia Constitución, porque fue impuesta y derrocó a un gobierno democrático”.
La demanda de reducir el número de diputados, según Bernal, aparece de forma reiterada en las consultas ciudadanas que Sepresac ha hecho en el país.
Citó un ejercicio reciente en Albrook Mall, donde colocaron un cuaderno para que los asistentes escribieran lo que querían en la nueva Constitución.
“La gente hacía cola (...) para escribir y ponía sobre todo no a la reelección, no a la corrupción, disminución del número de diputados. Pero eso a nivel nacional, es lo que está predominando”, remarcó.
De hecho, comparte esta posición.
“Tengo 50 años de estar diciendo que este país no puede seguir, ni con el método que se utiliza para elegir diputados, con estos circuitos binominales y plurinominales que desnaturalizan el principio de un hombre un voto, ni podemos seguir con una Asamblea integrada por esta cantidad exorbitante de diputados”, afirmó.
A su juicio, basta con cambiar el método de elección: “Si se cambia el método y nos vamos a diputados provinciales y nacionales, inmediatamente disminuye el número sin mayor problema, que sería extremadamente, creo yo, positivo para nuestra sociedad. Esa es mi opinión personal”.
La propuesta de bajar a 50
El debate no se queda en la Sepresac.
En un reciente artículo de opinión publicado en La Prensa, el abogado Álvaro Batista planteó una propuesta concreta: bajar la Asamblea de 71 a 50 diputados, es decir, eliminar 21 curules.
Batista recordó que “el costo anual de mantener esta estructura legislativa supera los 120 millones de dólares” y comparó la proporción de representantes por habitante con la de otros países:.
“Estados Unidos, con más de 330 millones de habitantes, opera con 435 representantes en su Cámara Baja”; “India, con más de 1,400 millones de habitantes, tiene 543 escaños en la Lok Sabha”; “Colombia, con más de 50 millones de habitantes, funciona con 188 congresistas entre Senado y Cámara”.
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Concluyó que Panamá puede funcionar perfectamente con una Asamblea de 50 diputados.
Ni Sepresac ni el proyecto de reforma constitucional han fijado todavía un número definitivo de diputados para la futura Asamblea. Lo único cierto, por ahora, es el mecanismo: cualquier cambio al tamaño del Legislativo panameño pasa, necesariamente, por una reforma constitucional.
