Organizaciones civiles alzan la voz: ‘La amnistía es impunidad’

Treinta organizaciones de la sociedad civil rechazaron de manera rotunda las iniciativas legislativas que otorgan amnistía a personas investigadas y condenadas por emblemáticos casos de corrupción.

En una conferencia de prensa realizada este jueves 24 de abril, en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), representantes de algunas de esas organizaciones advirtieron que el proyecto de ley 235 y el anteproyecto 64 pretenden, que son objeto de debate en la Asamblea Nacional, manipulan las figuras legales de amnistía e indulto para otorgar impunidad a políticos y empresarios implicados en graves delitos de corrupción y crímenes comunes.

Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, abrió la conferencia advirtiendo que estas propuestas violan la Constitución, rompen el principio de igualdad ante la ley y abren la puerta a que cualquier ladrón con poder diga que robó por razones ideológicas.

Añadió que, si se aprueban estas iniciativas de ley, el país incumpliría tratados internacionales contra la corrupción. “Nos harían ver como un país cómplice, no serio. Y eso afecta la confianza, las inversiones y la imagen de todos los panameños en el mundo. Estos proyectos son una burla al trabajo de fiscales, jueces y ciudadanos que han luchado por la justicia en los casos como New Business, Blue Apple y Odebrecht. Borrarlos con una firma sería destruir años de esfuerzo”, manifestó.

Siguió: “No podemos quedarnos callados, porque si dejamos pasar estos proyectos, estamos diciendo que en Panamá robar sí paga, si se tienen los amigos correctos. Hoy alzamos la voz, no por venganza, sino por justicia. Porque sin justicia no hay democracia, y sin democracia no hay futuro”.

Desde la Revolución Francesa

Carlos Lee, director ejecutivo de Alianza Ciudadana Pro Justicia, profundizó sobre la figura de la amnistía. Se remontó a su orígen: la Revolución Francesa. Por primera vez, añadió, se menciona en el Código Penal Francés de 1792, como una forma de perdonar a personas que participaron en el cambio del sistema monárquico al republicano. La amnistía surgió para proteger a quienes, con buenas intenciones, impulsaban transformaciones políticas que chocaban con el poder establecido. “Por eso es importante entender que esta figura nació en el contexto de los derechos humanos”, dijo.

Manifestó que “es importante” que los ciudadanos comprendan bien los conceptos legales. En derecho penal, recordó, cada delito protege un bien específico: por ejemplo, el delito de usurpación de poder protege el orden institucional, y el peculado protege el buen uso de los fondos públicos. Explicó que lo mismo ocurre con la amnistía: debemos preguntarnos qué bien busca proteger. “Por eso, no se puede justificar que se use esta figura para cambiar su verdadero sentido o para cubrir delitos comunes”, sentenció.

“Entonces los profesores de derecho penal van a tener que cambiar de libro y estudiar el libro de Camacho que no sé cuánto sabe de Derecho Penal y de ciencia política para hacer la propuesta que pretende hacer”, manifestó.

El diputado Luis Eduardo Camacho, amigo y vocero, del expresidente Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión por el caso New Business, impulsa el anteproyecto de ley 64 que otorga a la Asamblea la potestad de conceder amnistía a todas las personas “vinculadas” a un delito político. Sin embargo, esta propuesta murió en su cuna este jueves 24 de abril. Diputados de la Comisión de Gobierno y Justicia, instancia que él preside, no acogieron el anteproyecto para debate.

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Camacho también impulsa el proyecto de ley 235, que presentó su colega Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que concede amnistía a procesados y condenados por los casos New Business, Blue Apple y Odebrecht.

Además de Martinelli, condenado por New Business y uno de los llamados a juicio por Odebrecht, se beneficiaría el también expresidente de la República, Juan Carlos Varela, otro de los llamados a juicio por el caso Odebrecht. No son los únicos. Las propuestas legislativas beneficiarían a una larga lista de políticos y particulares.

La mirada de los jóvenes

Jeannette Bravo, de Panamá Joven, alertó sobre la relevancia de entender cómo estos proyectos pueden afectar a Panamá a nivel internacional. Añadió que promueven la impunidad, lo que facilita que el crimen organizado penetre en el poder. Esto, dijo, podría provocar pérdida de confianza global, menos inversión extranjera y un entorno económico más inseguro.

“Y en ese entorno, ¿qué mensaje van a recibir nuestros jóvenes, las generaciones de mañana? Que el mérito no importa, que la trampa y el juega vivo pagan, que si tienes poder, puedes hacer lo que quieras, que si tienes influencias, puedes hacer lo que quieras. Hoy en Panamá, miles de jóvenes con talento y sueños ven cerrarse las puertas porque no tienen padrinos (...)”, añadió.

Por su lado, Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, advirtió que lo que se está proponiendo es una forma encubierta de impunidad.

“Lo que se pretende con estos proyectos de amnistía es inmunidad disfrazada. Es abrirle la puerta a una cultura de borró y cuenta nueva en que los actos más graves contra el país no reciben castigo. La ciudadanía ya habló y habló con claridad. Rechazamos estos proyectos de ley. No aceptamos que se sigan pisoteando nuestros derechos (....) Sabemos lo que la corrupción le hace a nuestro país (...)”, añadió.

Envió un mensaje a los diputados que promueven las iniciativas: “Dejen de legislar para proteger intereses particulares y crímenes y comiencen a legislar para el bien común. Panamá necesita leyes que fortalezcan la transparencia, que protejan a los denunciantes, que garanticen el acceso a la información y que aseguren que la corrupción se pare con consecuencias reales.

Eliana Morales Gil

Editora Política/Judiciales