Se están muriendo de hambre. Algunos han llegado a los hospitales con cuadros de desnutrición severa. Es lo que han denunciado familiares de reclusos de distintos penales de Panamá.
Las organizaciones de derechos humanos que le han dado seguimiento al tema incluso afirman que se trata de una “hambruna provocada”.
Los reclamos apuntan a una situación que se repite de manera silenciosa en al menos tres centros penitenciarios de Panamá. En Nueva Esperanza, de Colón; en La Joya y La Joyita, en la capital.
El pasado 15 de octubre, por ejemplo, murió Gabriel Alveo, de 32 años, quien cumplía una condena en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza de Colón.
De acuerdo con lo que narraron sus familiares, desde el 9 de octubre Alveo no recibía suficiente comida ni la atención médica que necesitaba.
El martes 13 de octubre, funcionarios del penal llamaron al hospital para anunciar que lo trasladarían al centro médico. Pero el traslado se concretó el jueves 15. Afirman que Alveo ingresó con desnutrición severa y sangrado intestinal y murió ese mismo día.
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Las organizaciones de derechos humanos tienen una lista de reclusos cuyas muertes relacionan con la desnutrición y la falta de atención médica. Además de Alveo, en la lista están Cecilio Semis Warner, Rogelio Burtón, Pedro Alberto Irbarner, Evangelino Soto, Rubén Acosta, José Salas Cáceres, Abraham Degracia, Rodolfo Pascacio y Mario Barnaby.
La lista podría ser más extensa. Las agrupaciones aseguran que siguen recibiendo información sobre otros decesos. Mientras tanto, las autoridades no han ofrecido una explicación pública sobre el asunto.
Son al menos 10, afirma la veintena de oenegés que se pronunciaron este miércoles 11 de noviembre sobre el tema.
El hermano de Yaremis
El hermano de Yaremis De Freitas está entre la vida y la muerte. En conversación con La Prensa, esta colonense narró el caso de su hermano, Xavier Aurelio Skinner, de 44 años, quien cumple una condena de ocho años por robo en el centro penitenciario Nueva Esperanza, donde lleva seis años detenido.
Las autoridades del penal lo llevaron al hospital Manuel Amador Guerrero, de Colón, tras la presión de la familia. Pero, según De Freitas, los médicos le ponen un suero y lo devuelven a la cárcel sin que se recupere.
Tiene desnutrición y deshidratación. Ya no siente una pierna y no camina. “Él no tiene ni carne en el cuerpo, licenciada”, contó.
Sobre la comida del penal, De Freitas no tiene dudas. “Lo que le están dando es una porción de animales”, denunció. Su hermano no es el único. “Ya de adentro han sacado varios muertos”, aseguró.
Esta mujer marchó el pasado 5 de noviembre, día en que Colón celebraba la gesta separatista de 1903, para exigir respuestas y, según su relato, después recibió una llamada con amenazas.
Dijo que habló varias veces con el director de la cárcel Nueva Esperanza. Él le respondió que, si el hospital devolvía a su hermano a la cárcel, no podía hacer nada. Cuando le preguntó por la comida, el médico le contestó que ahora una empresa se encarga de los alimentos y que ese no es asunto suyo.
La carne y el negocio de la comida carcelaria
La empresa a la que se refiere el director acumula contratos millonarios desde hace más de una década. El Consorcio Alimentando Panamá suministra la comida en las cárceles desde 2012 y atiende cerca del 80% de la población penitenciaria de Panamá.
En 13 años, el Ministerio de Gobierno le ha pagado más de $300 millones. En enero de este año, la ministra Dinoska Montalvo le adjudicó la alimentación de los penales de la capital por $209.6 millones. Ese contrato elevó el costo de la ración diaria por recluso de $4.60 a $5.50.
En Colón, el mismo grupo obtuvo la mejor puntuación en una licitación de $33.6 millones.
La polémica estalló precisamente por la carne. El pliego de cargos del contrato exigía que las raciones de almuerzo y cena tenían que tener tres onzas de carne magra cocida, unos 90 gramos.
Pero el consorcio ganador calculó sus porciones con 90 gramos de carne cruda. El Consorcio C&J Food Services Panamá, su competidor en Colón, reclamó que la carne pierde peso al cocinarse.
Según las tablas del Ministerio de Salud (Minsa) que citó en su reclamo, cada porción de pollo quedaría corta en unos 33 gramos y cada porción de res, en unos 36. En una licitación de seis años, C&J calculó que la diferencia sumaría cientos de toneladas de carne.
La Dirección General de Contrataciones Públicas rechazó el reclamo el 13 de enero de 2026. Según su resolución, revisar los detalles técnicos le correspondía a la comisión evaluadora, en la que participó una nutricionista del Ministerio de Gobierno.
Con ello dejó libre el camino para la adjudicación en Colón. En aquel momento, la ministra Montalvo no respondió a las consultas de La Prensa.
De Freitas, por lo pronto, pide que permitan otra vez la entrada de alimentos, compras y medicinas de las familias, y que le dejen cuidar a su hermano hasta que se recupere.
“Él está peleando por su vida. Él no se ha rendido”, dijo.
La renuncia del director
Precisamente este miércoles 11 de noviembre renunció Chanan Singh, director general del Sistema Penitenciario, tras cuatro meses en el cargo.
Las organizaciones de derechos humanos exigían su separación. El Ministerio de Gobierno informó en un breve comunicado que Singh dejó el puesto por motivos personales y que la ministra Dinoska Montalvo aceptó la renuncia. Fabián Camargo lo reemplaza.
Singh dio otra versión ante los medios, a la entrada del ministerio. Exigió la salida de la Policía Nacional de la cárcel La Joyita, en especial en el sector C.
“La ley lo dice muy claro, la Policía Nacional tiene que asumir el trabajo de los perímetros externos, no internos”, afirmó. “Nadie sabe qué pasa, ni yo he podido entrar a ese pabellón”, agregó el hombre que llegó al puesto en julio de este año en medio de una crisis en la entidad, tras la masiva fuga de La Joyita.
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Singh no se refirió a la alimentación de los reclusos ni a las muertes que denuncian las organizaciones. El pasado 7 de noviembre, La Prensa le consultó por el caso de Gabriel Alveo y no respondió.
Este medio consultó este miércoles al Ministerio de Gobierno sobre las denuncias de muertes por desnutrición.
Al cierre de esta edición, no había respuesta. También se consultó a la Defensoría del Pueblo, que recibió una queja de Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Red de Derechos Humanos de Panamá por la muerte de Gabriel Alveo. La entidad tampoco ha dicho nada.
