Los mensajes son contundentes. Parecen escritos con urgencia y desesperación: “No estamos a salvo en nuestro país”, “Salva a las chicas afganas”, “Ayuda”.
Desde las ventanas del hotel Decápolis, una mole gigante de cemento y vidrio ubicada a pocos pasos de la bahía de Panamá, decenas de migrantes que llegaron al país deportados de Estados Unidos (EU) claman por auxilio. Agitan papeles con mensajes escritos a mano, levantan los brazos y buscan llamar la atención de quienes pasan por la acera. Desde sus habitaciones, convertidas en refugios temporales, observan con incertidumbre el mundo exterior.
Hombres, mujeres, niños. Son de Afganistán, China, Irán, Siria, Nepal, Sri Lanka, Uzbekistán, Turquía, India, Vietnam... Algunos están en Panamá desde el pasado 12 de febrero, cuando aterrizó el primero de los tres vuelos procedentes de EU. El Ministerio de Relaciones Exteriores dice que están en el país con base en los acuerdos de cooperación bilateral en materia migratoria pactados con el país del norte.
Todo esto ocurre en medio de las tensiones entre los dos países a raíz de la amenaza de Donald Trump de retomar el control del Canal de Panamá, alegando que está controlado por China, hipótesis que Panamá niega de manera rotunda.
En el grupo de migrantes alojados en el Decápolis está una familia de un país de Asia que representa la abogada Susana Sabalza. Esta jurista narró a La Prensa que sus familiares la contactaron para que les brindara asistencia legal en Panamá. “Hay un menor de edad. Me preocupa su alimentación. Oficialmente no se me ha dicho nada sobre lo que pasará con ellos. Todo es un rumor de pasillo. La falta de respuestas genera incertidumbre”, dijo.
Ella mencionó que la Defensoría del Pueblo visitó el hotel, por lo que espera que esta institución pueda brindar respuestas sobre el bienestar del menor y de las familias afectadas.
La Defensoría recomienda
En efecto, esta institución planteó una serie de recomendaciones al gobierno de José Raúl Mulino. Pide que el Servicio Nacional de Migración emita una resolución en la que se determine el estatus de estas personas en el territorio panameño mientras se gestionan los procedimientos de repatriación o reasentamiento. Propone asegurar que quienes soliciten la condición de refugiado sean atendidas por la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados, exige garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, asegurando su acceso a educación, salud y un entorno seguro. Además, propone implementar un protocolo estandarizado para la recepción de vuelos de repatriación, que incluya la participación de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
El tema, incluso, llegó hasta las páginas de The New York Times, diario que este martes 18 de marzo publicó una nota titulada: Mientras Trump “exporta” deportados, cientos quedan atrapados en hotel de Panamá.
La noticia recoge testimonios de algunos de estos migrantes. “En el hotel, al menos una persona intentó suicidarse, según varios migrantes. Otra se rompió una pierna al intentar escapar. Una tercera envió un mensaje lastimero desde un teléfono móvil oculto: ‘Solo un milagro puede salvarnos’”, se lee en el reportaje, firmado por cinco periodistas.
En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, explicó que están bajo la protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Y tal como lo informó la Cancillería, Ábrego dijo que llegaron al país bajo el marco del memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos y Panamá para la deportación y repatriación de ciudadanos extranjeros.
De acuerdo con el ministro, 171 migrantes ya aceptaron el retorno voluntario a sus países. Se irán de Panamá tan pronto la OIM les entregue sus boletos aéreos, contó. También agregó que una ciudadana de Irlanda tomó un vuelo y ya aterrizó en su país. El ministro afirma que están en Panamá bajo el estatus de “protegidos”. No obstante, juristas conocedores del tema alegan que el caso encarna “una catástrofe jurídica”.
De hecho, este medio conoció que este tema ha generado tensiones a lo interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El vicecanciller Carlos Ruiz-Hernández dijo el pasado jueves en una conferencia de prensa que los migrantes han sido debidamente registrados y que no presentan antecedentes criminales. El financiamiento del traslado, según indicó el vicecanciller, está a cargo del gobierno de Estados Unidos a través de la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR. Los costos, añadió incluyen el hospedaje y transporte de los migrantes mientras permanezcan en Panamá, previo a su salida hacia sus respectivos países de origen.
Ese día, Ruiz-Hernández recordó que la cooperación con Estados Unidos ha resultado en una disminución del 90% en los cruces irregulares por la selva del Darién en enero de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.
Durante la visita que realizó el secretario de Estado de EU a Panamá, Marco Rubio, el tema migratorio fue puesto sobre la mesa. El presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá deportaría migrantes de Estados Unidos a través de una pista en Metetí, Darién.
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