Pasada más de una década de haberse prometido la descentralización plena, los municipios y las juntas comunales del país siguen atrapados entre la política partidista, la falta de planificación y la escasez de recursos. En muchos casos, los gobiernos locales dependen de la voluntad del Ejecutivo para ejecutar obras o acceder a fondos, una situación que ha perpetuado la discrecionalidad y el clientelismo.
En el país existen 81 municipios y 701 juntas comunales, pero varios de estos gobiernos locales están sumidos en problemas estructurales que, según el asesor de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Narciso Machuca, deben ser atendidos con urgencia.
En el caso de los municipios, varios alcaldes de los principales distritos han solicitado al Gobierno Central cumplir con la Ley de Descentralización, que establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe transferir el 100% de los fondos recaudados del impuesto de bienes inmuebles. Machuca precisó que en los últimos siete años el MEF ha dejado de trasladar 502 millones de dólares a los gobiernos locales.
Machuca subrayó que la deuda del Gobierno Central con los municipios es “considerable” y que, aunque existe base legal para una demanda, la prioridad debe ser el diálogo. “Cabe demanda, pero la asociación considera que hay que sentarse con el Ejecutivo para buscar alternativas de acuerdo de pago”, afirmó.
Explicó que la Amupa propone un mecanismo que permita al Estado cumplir con los traslados establecidos en la Ley 37 de 2009, sin comprometer su capitalización. “Pagar lo que se recauda realmente y amortizar la deuda anualmente por los próximos cuatro o cinco años”, sugirió, al tiempo que recordó los dos reclamos principales de los municipios: que el MEF transfiera de forma íntegra los fondos del impuesto de bienes inmuebles el año siguiente a su recaudación y que se establezca un acuerdo sobre la morosidad pendiente.
Los municipios subsidiados
Otro de los temas que también afecta a los gobiernos locales es la falta de recursos en la mayoría de los municipios y juntas comunales del país. De los 81 municipios, cerca de 64 son subsidiados por el Estado, ya que, a diferencia de distritos como Panamá, Colón, San Miguelito o La Chorrera, no cuentan con ingresos de autogestión suficientes para financiar sus proyectos.
Organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han cuestionado la creación de nuevos distritos y corregimientos sin planificación ni estudios técnicos, muchas veces con fines políticos, lo que genera un alto costo para el Estado.
En 1990, Panamá contaba con 68 distritos, y actualmente tiene 81. A esto se suma la proliferación de corregimientos: en 1972 existían 505, y hoy son 701. Este crecimiento desmedido ha inquietado al Tribunal Electoral (TE), que en 2014 pidió a los diputados abstenerse de crear nuevas divisiones político-administrativas en años cercanos a los comicios generales.
2019 fue el año en que más corregimientos se crearon. Datos del TE revelan que en 2014 surgieron 26 nuevos corregimientos; en 2019, 31; y en 2024 se añadieron otros 22. Cada nueva división representa un gasto mínimo de 300 mil dólares anuales para el erario público.
Caso notable
Un caso particular se registró en la comarca Naso, donde en 2024 se crearon los corregimientos de Teribe, San San Drui y Bonyik como parte de la conformación de la nueva comarca. Sin embargo, la normativa no contempló la figura de la alcaldía, lo que impide que las juntas comunales reciban fondos del impuesto de bienes inmuebles.
Esto ha frenado el desarrollo de proyectos comunitarios, ya que las juntas no cuentan con sedes físicas ni recursos para alquilar oficinas, lo que ha dificultado el inicio de sus labores.
Machuca señaló que entre 2024 y 2025 estas juntas comunales no han recibido fondos para proyectos, precisamente porque no existe una autoridad municipal que canalice los recursos. No obstante, la Amupa ha solicitado a la Autoridad Nacional de Descentralización buscar un mecanismo de transferencia directa. Hasta el momento no ha habido respuesta.
Descentralización desvirtuada
La descentralización, concebida como una herramienta para fortalecer la gestión local y reducir la dependencia del poder central, terminó convertida en un instrumento político. Durante el pasado gobierno (2019-2024), la llamada “descentralización paralela” desvirtuó su propósito original: se distribuyeron más de 300 millones de dólares sin controles efectivos, bajo un esquema marcado por el sesgo partidista de la administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La mayoría de las juntas comunales beneficiadas pertenecían a ese colectivo, mientras que otras, marginadas por razones políticas, vieron frenados sus proyectos y presupuestos. Así, lo que debía ser una política de equidad territorial terminó convertido en un mecanismo de clientelismo, que dejó la descentralización y los gobiernos locales como las verdaderas víctimas de la política.
