Durante los dos primeros meses de gestión, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, y los ediles del distrito vivieron una etapa marcada por una fuerte tensión política. Las reuniones se convirtieron en escenarios de enfrentamientos verbales, mientras la ciudadanía observaba con preocupación el rumbo de un gobierno local que apenas comenzaba.
A pesar del conflicto, hubo algo en lo que se pusieron de acuerdo: aprobar un acuerdo que incrementa en $32,770 los gastos de representación a representantes de corregimiento, alcaldesa, vicealcalde, secretario, directores y tesorero del Municipio de Arraiján.
Según datos proporcionados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), en la administración previa del distrito de Arraiján, los gastos de representación estaban distribuidos entre cinco funcionarios.
El entonces alcalde, Rollyns Rodríguez (2019-2024), recibía $1,400 mensuales, mientras que Luz Oliver, presidenta del Concejo, percibía $1,080. Por su parte, el vicepresidente Isaac Figueroa, el secretario Carlos Morán y el tesorero Sergio Bósquez recibían $750 cada uno. El total ascendía a $4,730 mensuales.
No obstante, el 1 de agosto, la alcaldesa de Arraiján y los ediles aprobaron el acuerdo 38-2024, que establece nuevos gastos de representación para los concejales del distrito. Según el documento publicado el 11 de septiembre en la Gaceta Oficial, a partir de esa fecha, los nueve ediles, con excepción del presidente y vicepresidente del Concejo de Arraiján, recibirán un monto mensual de $2,400 cada uno.
El presidente del Concejo recibirá $2,600 mensuales, mientras que su vicepresidente cobrará $2,500. Por su parte, la alcaldesa percibirá $3,500, y el vicealcalde, $1,700. Otros funcionarios, como el tesorero ($1,500), el ingeniero municipal ($300), el secretario municipal ($1,000), el abogado consultor ($300), el secretario del Concejo ($300) y los directores ($500), también figuran en esta lista de beneficiarios.
Si se toma en cuenta que este municipio tiene 14 directores, el monto total que ahora se destina a unos 30 empleados en gastos de representación asciende a $37,500 mensuales. Este cambio es aún más impactante al compararlo con el monto anterior de $4,730, lo que representa un aumento del 693% en el gasto mensual destinado a gastos de representación.
Las polémicas
Desde su llegada al cargo, Peñalba aseguró que ha desvinculado a 230 personas que estaban en la planilla municipal, algunas de las cuales no prestaban ningún servicio real. También ha estado envuelta en discusiones con ediles, aunque ella asegura que mantiene una buena relación con algunos y espera poder trabajar en conjunto para superar las dificultades actuales.
Por otra parte, ha reiterado que su administración seguirá adelante con las medidas necesarias para sanear las finanzas del municipio, asegurando que el 30 de septiembre se completarán los pagos pendientes a los exfuncionarios desvinculados, aunque advirtió que el presupuesto es limitado y que deben recaudar más fondos para cumplir con todas las obligaciones.
De hecho, al inicio de su gestión, hubo varias protestas por parte de estos exfuncionarios en la sede del Municipio de Arraiján.
La denuncia
El pasado 12 de septiembre fue presentada una denuncia penal en su contra por la presunta comisión de delitos como corrupción de servidores públicos, peculado de uso, abuso de autoridad, tráfico de influencias y extralimitación de funciones públicas.
La denuncia, que se interpuso de forma anónima el 10 de septiembre ante el Ministerio Público, se sustenta en que la funcionaria presuntamente cobró la primera quincena de julio de 2024 en la Asamblea Nacional, donde estaba nombrada como asesora por el Partido Revolucionario Democrático, y también cobró la quincena de ese mismo mes como alcaldesa del distrito de Arraiján.
Según el documento que contiene la denuncia, Peñalba habría violado el artículo 349 del Código Penal, que establece que el servidor público que acepte un nombramiento y perciba una remuneración sin prestar el servicio al cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado con una multa de $150 a $300 días o trabajo comunitario.
La denuncia también señala que Peñalba habría incurrido en el delito de dualidad de funciones al estar nombrada en la Asamblea y, simultáneamente, ostentar el cargo de alcaldesa del distrito de Arraiján. Además, el documento detalla que habría cometido el delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 355 del Código Penal.