El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este jueves 13 de febrero la Ley 461 que autoriza la transferencia de $91.6 millones al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), con el objetivo de mitigar el déficit financiero que enfrenta el sistema y pagar las pensiones del mes de febrero.
La aprobación de estos fondos se da en un contexto de incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa, que para 2025 enfrenta un déficit estimado del 22%, lo que representa un faltante de $615.7 millones, mientras la Asamblea Nacional discute en segundo debate el proyecto de ley 163, que busca reformar la Ley Orgánica de la CSS.
De acuerdo con el artículo 5 de la ley, las transferencias extraordinarias “deberán pasar a la Comisión de Presupuesto para su aprobación” y que dichos fondos “no podrán provenir de los destinados a inversión de las diferentes instituciones del Estado”.
Presidente @JoseRaulMulino sanciona la ley 461 del 13 de febrero de 2025 “Que autoriza la transferencia de fondos extraordinarios a la Caja de Seguro Social para reforzar parcialmente los costos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte correspondientes al mes de febrero de… pic.twitter.com/erSOsOpn44
— Astrid Salazar (@as_salazar) February 13, 2025
La aprobación de la ley se vio marcada por el cuestionamiento de diputados de distintas bancadas, ya que alegaban que el proceso pudo haberse realizado directamente a través de la Comisión de Presupuesto sin necesidad de pasar por el Pleno Legislativo.
Sin embargo, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, defendió el mecanismo utilizado debido que, al tratarse de una entidad autónoma, la normativa exige un proceso distinto.
De igual forma, el director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Aurelio Mejía, aseguró que al presentar la propuesta ante el pleno de la Asamblea en lugar de la Comisión de Presupuesto, se permitía que toda la ciudadanía conociera el debate en torno a la transferencia de recursos.
En este caso en particular, la asignación de fondos adicionales es exclusivamente para hacerle frente a las pensiones, debido a la falta de dinero para el pago a los jubilados en el mes de febrero.
En este sentido, el Gobierno central no estaba en la obligación de proporcionar los fondos para el pago de pensiones, ya que la ley orgánica de la CSS solo lo obliga a hacer un aporte anual de $140 millones para tal propósito.
Esta podría ser otra de las razones por la cuales el gobierno de José Raúl Mulino prefirió dejar consignada la obligación de dar los fondos a través de una ley, según advirtieron varias fuentes consultadas.