El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó este sábado la derogación urgente de tres resoluciones que declararon reservada la información sobre procesos de arbitraje presentados contra Panamá.
Mulino espera que este lunes 16 de septiembre queden derogadas formalmente. Se trata de tres resoluciones publicados en Gaceta Oficial, la noche del viernes 13 de septiembre, por los ministerios de Presidencia, Ambiente y de Comercio e Industrias.
Dichos resoluciones declaraban de acceso restringido toda la información y documentación relacionada a los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, en el que sea parte el Estado.
Los ministros sustentaban que el artículo 15 de la Ley 6 de 2002, de Transparencia, otorga el carácter de reservado a los expedientes administrativos, los judiciales, arbitrales y del Ministerio Público, los cuales se regirán por las normas de acceso y de información contenidas en el Código Judicial.
Por ello, se ordenó y declaró de acceso restringido los procesos de arbitraje y toda la información, las memorias, notas, correspondencia y los documentos relacionados con negociaciones diplomáticas, comerciales o internacionales de cualquier índole, relativa o relacionada, directa o indirectamente con el objeto de la disputa y el proceso arbitral bajo custodia del Ministerio de la Presidencia y, por ende, “dicha información es reservada”.
Mulino, sin embargo, dijo mantener su compromiso con la transparencia y el acceso a la información, por lo que pidió la eliminación de las resoluciones.
Recordó que prueba de su compromiso con la transparencia es el acceso que tienen los ciudadanos a todas las actas de los Consejos de Gabinetes que se mantenían restringidas, la apertura de toda información sobre las becas y auxilios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), subsidios agrícolas, contrataciones que “revestían opacidad” y su conferencia de prensa semanal.
Sin sumar los arbitrajes que han interpuesto First Quantum y sus socios contra el país por el cierre de la mina de cobre de Donoso y Omar Torrijos, en Colón, hay otras nueve reclamaciones contra el Estado panameño que, juntos, suman seis mil millones de dólares.
Así se desprende de un informe proporcionado en junio pasado por la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se destaca que de los procesos activos, habían siete arbitrajes de inversiones en curso y dos en procesos de anulación.
