El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a los abogados Gisela Agurto Ayala y Carlos Villalobos Jaén como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Agurto ocupará la vacante en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en reemplazo de Cecilio Cedalise Riquelme, mientras que Villalobos asumirá en la Sala Primera de lo Civil, en sustitución de Ángela Russo.
El anuncio fue realizado este martes 9 de septiembre, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gabinete, la primera sesión celebrada tras la reciente gira oficial del mandatario en Japón.
¿Quiénes son?
Actualmente, Agurto Ayala se desempeña como magistrada suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y posee una maestría en derecho de la Universidad de Tulane, en Luisiana, Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos como jueza del Tribunal Marítimo, jueza de juzgados municipales civiles y magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia.
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Mientras que Villalobos Jaén es abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá, con más de dos décadas de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal, sucesiones, así como en recursos de casación y acciones de amparo de garantías constitucionales.
Cuenta con un posgrado en derecho Procesal Civil y ha recibido reconocimientos por parte de varias organizaciones.
Sin el Pacto de Estado por la Justicia
A diferencia de los dos gobiernos anteriores, Mulino no tomó en cuenta la participación de la sociedad civil en este proceso. En particular, dejó por fuera al Pacto de Estado por la Justicia, instancia ciudadana que fue convocada en las administraciones de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo para evaluar las hojas de vida de los aspirantes al máximo tribunal de justicia.
En agosto pasado, el mandatario adelantó cuál sería su enfoque: “Los criterios van a ser los míos, las personas que yo creo que pueden ejecutar una buena misión en la Corte. No serán compañeritos míos ni jugadores de dominó conmigo ni tomadores de tragos conmigo, eso sí se los puedo garantizar”, afirmó en una de sus conferencias de prensa de los jueves.
El próximo paso
Los nombramientos de Agurto y Villalobos deberán ahora ser examinados por la Asamblea Nacional, que tiene la potestad de ratificarlos o rechazarlos. El trámite inicia en la Comisión de Credenciales, instancia que tiene como presidenta a la diputada oficialista Dana Castañeda, una de las figuras más cercanas al presidente Mulino.
Esa condición convierte a la comisión en un filtro importante, donde el oficialismo tendría margen para allanar el camino antes de que las hojas de vida de estos juristas sean discutidos y votados en el pleno legislativo.
Los que se van
Los nuevos nombramientos de Mulino llegan casi una década después de que el expresidente Juan Carlos Varela designara a Ángela Russo de Cedeño y Cecilio Cedalise Riquelme como magistrados de la Corte. En aquel momento, Russo fue asignada a la Sala Primera de lo Civil, en reemplazo de Harley Mitchell, mientras que Cedalise asumió en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, tras la salida de Víctor Benavides.
Ambos formaron parte de un proceso inédito impulsado por el Ejecutivo de entonces, que incluyó la evaluación de 153 aspirantes y la conformación de una lista corta de diez candidatos elaborada por una comisión ad hoc. Los finalistas fueron sometidos a consultas ciudadanas y entrevistas con el Pacto de Estado por la Justicia, el Movimiento Independiente y representantes de la propia comisión presidencial. Varela defendió las designaciones como producto de un proceso “democrático” y de “trabajo conjunto entre Gobierno y sociedad civil”.
Los casos
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo concentra los procesos contra actos del Estado y sus instituciones. Uno de los casos más sonados fue la anulación del contrato entre el Estado y Minera Panamá, declarado inconstitucional en 2023 tras una ola de protestas ciudadanas. También ha resuelto demandas vinculadas a concesiones portuarias y a la legalidad de contratos de infraestructura pública.
La Sala Primera de lo Civil atiende litigios relacionados con contratos, sucesiones, propiedad horizontal y sociedades comerciales.
