El presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó como ‘positivo’ este jueves 30 de octubre que el director de la empresa First Quantum Minerals (FQM), Tristan Pascall, haya sugerido que el Estado panameño sea dueño del mineral que se extraiga en el proyecto Cobre Panamá.
Las declaraciones de Pascall se dieron el pasado miércoles 29 de octubre en una llamada con analistas financieros, según reportó Bloomberg. Allí se planteó como viable que el Estado sea el dueño de los recursos de cobre extraídos para negociar un nuevo acuerdo operativo de la mina.
“Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá [Filial local de FQM], están en un proceso de reactivar la mina para los propósitos de mantenimiento. A eso se deben las ferias de empleo”, señaló Mulino en conferencia de prensa.
Anteriormente, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ya había defendido la realización de ferias de empleo por parte de la empresa minera, alegando que la inconstitucionalidad del contrato-ley de 2023, que otorgó la concesión del yacimiento de Cobre Panamá, no hace ilegal la operación de la empresa en el país.
"Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá; las declaraciones las recibo con positivismo”, señaló el Mulino.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/9AKCHQVhqN
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 30, 2025
La propiedad de los recursos
A pesar del pronunciamiento de FQM y el presidente Mulnio, ¿los recursos no eran ya del Estado? Esta pregunta ha sido respondida por diversos especialistas, incluido el exprocurador de la administración, Rigoberto González, en una opinión dirigida al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) el 29 de enero de 2024.
Allí se detallaba que aquellos minerales sobre los cuales no recae ninguna concesión, son propiedad de la República de Panamá por virtud del artículo 257 de la Constitución.
El anterior escenario, y el que se vivió durante la coyuntura por la mina en 2023 lo explica el abogado ambiental Harley Mitchell. Para él, con los recientes comentarios del presidente y FQM dan un vistazo claro del panorama minero.
Algunas de las personas a favor del ahora inconstitucional contrato ley argumentaban que: “cuando el Estado panameño otorga una concesión, la otorga sobre una mina o un yacimiento. Esta situación jurídica cambia cuando el mineral es extraído.
El artículo dos del Código de Recursos Minerales establece que, si el mineral es extraído por alguien con derecho a hacerlo de acuerdo a la normativa vigente, entonces el mineral pertenece o deja de pertenecer al Estado y ya pertenece a quien lo extrajo", explicó en palabras llanas el abogado Mitchell, antes de contraargumentar.
“Pero esto ya no es así. La misma mina pertenece al Estado. El Estado lo que hace a través de la concesión o del contrato es asignar el recurso mineral a otro para que lo explote, pero con una contraprestación digna al Estado y el cumplimiento de todas las leyes, entre ellas las ambientales. Así que este reconocimiento por parte de Minera Panamá, comparto con el presidente de que es sumamente importante, porque ya zanja el debate sobre quién es el dueño en origen de los recursos minerales y quién tiene derecho a asignarlos", aclaró Mitchell.
Para Mitchell, con base en las declaraciones recientes, el artículo 257 de la Constitución sería la base argumental a seguir.
En dicho artículo, se especifica que al Estado panameño pertenecen las minas, aguas subterráneas y termales (...) y que podrán ser explotados directamente por el Estado, empresas estatales o mixtas, o a través de concesiones o contratos por privados.
Pero otra concesión implicaría pasar por la Asamblea Nacional, algo que el presidente Mulino ha dicho que no buscaría hacer, al tiempo que están limitadas por la Ley 407 de 2023 sobre una moratoria minera. Con ello, Mitchell detalla que la probable vía a utilizar podría ser la de una operación directamente estatal.
