El ministro de Seguridad Pública Rolando Mirones, volvió a exigir una participación activa del Órgano Judicial para garantizar la seguridad ciudadana y la persecución del delito. “Actos violentos (...) que la gente vaya a esperar sus procesos a la cárcel”, manifestó el funcionario a los periodistas.
El ministro agregó que ahora existe una dinámica de reuniones con el Ministerio Público (MP), y el Órgano Judicial para “dar con un castigo certero” ante casos de homicidio y delitos comunes en el país.
El funcionario también destacó que esta fórmula (coordinación con otras instituciones) la están poniendo en práctica “ahora con un Ministerio Público amigo” y “con un Órgano Judicial que entiende la necesidad del pueblo panameño”. “Esa nueva dinámica también va acabar con la delincuencia”, sustentó.
"Escúchenlo señores delincuentes, ya no seremos un equipo en el que cada uno esté tirando por su lado. Aquí estamos haciendo un esfuerzo de la coordinación", sustentó.
Citó el artículo 2 de la Constitución que dice que los diferentes Órganos del Estado tienen que trabajar de manera armónica.
Sin embargo, aseguró que jueces de garantías están dando medidas cautelares distintas a la detención preventiva en casos de homicidios donde se tiene a personas vinculadas por los hechos.
"Definitivamente que no se pueden estar dando medidas cautelares (distintas a la detención provisional) en los casos en los cuales se cometen delitos violentos" destacó Mirones.
Recordó que hace unos días se le dio una medida cautelar distinta a la detención preventiva a una persona acusada de estar ligada a un doble homicidio. "¿Cómo es posible? ¿A qué juez se le ocurrió eso? preguntó.
No es la primera vez que Mirones cuestiona las actuaciones de los jueces. A finales de 2019 lo dijo en la Asamblea Nacional, y en varios actos públicos.
Manifestó que los estamentos de seguridad están "haciendo el trabajo" pero que deben mejorar. Contó que han duplicado el pie de fuerza en ciertos lugares del país donde no había tantos policías.
Las declaraciones del ministro se dieron durante un acto en la sede de la Policía Nacional en Ancón, donde se destruyeron 589 armas de fuego ilegales que fueron sacadas de las calles.
Por estos días, la política de seguridad del Gobierno está bajo la mira ciudadana por múltiples asesinatos, y robos, entre otros.
