El presupuesto del Órgano Judicial se ajustaría al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, el pasado 23 de diciembre de 2021, que estableció que hay que respetar el artículo 214 de la Constitución en cuanto al presupuesto de ese ente.
El Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Héctor Alexander, presentó el jueves 28 de julio el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2023, ante la Asamblea Nacional. Allí se indicó que el sector de orden público y seguridad tiene una asignación de $1,704 millones, que representa el 6% del presupuesto.
De esos fondos, el MEF planteó que se incluyen $534 millones asignados al Órgano Judicial y al Ministerio Público, “lo que representa 5% de los ingresos corrientes del Gobierno Central, que supera en más del doble de lo que establece la Constitución, que lo fija en 2% como mínimo”.
El mes pasado, el Órgano Judicial, que dirige la magistrada María Eugenia López Arias, anunció que tiene un déficit acumulado de $45.7 millones, por lo que han dejado de cumplir con el pago de alquileres, servicios básicos y vigencias expiradas
Este déficit, que para septiembre de 2021 era de $24.8 millones, se agravó con el recorte presupuestario que tuvo la entidad en 2022. Habían solicitado para esta vigencia fiscal $323 millones, pero se le aprobaron $190.6 millones.
Para el 2023, la entidad presentó un presupuesto de $330.2 millones, con el cual buscará acelerar la implementación del Tribunal de Integridad y Transparencia, el ingreso a la carrera judicial del 100% de los jueces y la terminación de proyectos de inversión, así como el saneamiento del déficit y establecer el expediente judicial y la transformación digital a nivel nacional.
El Órgano Judicial es una de las instituciones que año tras año solicita a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que intervenga ante el MEF, para que se le reconsidere la asignación presupuestaria y se cumpla con el artículo 214 de la Constitución, que señala, entre otros aspectos, que “los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, no serán inferiores, en conjunto, al 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central”.
