La exalcaldesa de la capital y actual gobernadora de Panamá, Mayín Correa, se sumó a las críticas contra la creación de la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.

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“Esto es totalmente ilegal”, aseguró Correa en una entrevista con La Prensa. Recordó que durante su gestión como alcaldesa (1994-1999) creó un cuerpo de vigilantes municipales con el objetivo de custodiar los bienes de la comuna capitalina.

“Nos llevaban las cosas del parque, nos robaban, pues, hasta las bancas”, dijo Correa, al explicar que, en ese entonces, la Alcaldía debía solicitar apoyo a la Policía Nacional para atender este tipo de situaciones.

Mediante el Acuerdo Municipal No. 7 del 11 de enero de 1996 se crearon el Departamento de Inspección y el Servicio de Atención Inmediata. Como secciones de apoyo se sumaron la canina y motorizada.

“Solo le dábamos un arma pequeña a los agentes que llevaban la plata de Tesorería al banco y luego se la quitábamos”, explicó.

Correa aseguró que las administraciones de José Blandón (2014-2019) y José Luis Fábrega (2019-2024) mantuvieron el departamento de vigilancia como tal, encargado de custodiar los bienes de la Alcaldía y los parques, además de brindar asistencia a la ciudadanía.

Ahora, dijo, el alcalde Mayer Mizrachi transformó ese departamento en una policía, con exmiembros del Servicio Nacional de Fronteras, a quienes, según afirmó, entrenan “como si fueran a la guerra” y dotan de armas “mejores que los policías”.

“Yo hice una agencia de seguridad del Municipio de Panamá, nada de policía, nada de reglamento policial como lo tienen ahora. Da terror”, aseguró.

Correa también ponderó la posición del presidente José Raúl Mulino, quien el pasado fin de semana se pronunció en contra de este organismo policial, y manifestó su esperanza de que la iniciativa sea anulada.

“Es ilegal y punto. Afortunadamente, esto lo van a declarar ilegal”, aseguró.

“No puede haber dos policías en el país”, añadió, al tiempo que advirtió que otros municipios podrían intentar replicar ese modelo.

‘Es taquilla’

Este jueves, el alcalde Mizrachi volvió a defender la creación de la Policía Municipal y rechazó los cuestionamientos.

El alcalde dijo, durante el inicio de los trabajos de saneamiento y recuperación de ríos de la ciudad, que las críticas provienen de políticos “fracasados” y sostuvo que la iniciativa busca “complementar” la labor de la Policía Nacional, siempre que exista coordinación entre ambas instituciones.

“La Policía Municipal no es un invento de este municipio, es una policía que existía hace 30 años y data, en otros municipios, de 100”, dijo Mizrachi.

A su juicio, el debate debería centrarse en los esfuerzos para resolver los problemas de la ciudadanía. “Es taquilla de políticos fracasados”, respondió.

La Policía Municipal fue creada mediante el Acuerdo Municipal No. 162 del 17 de junio de 2025, aprobado en menos de cinco minutos y “con urgencia notoria” por el Consejo Municipal, a solicitud de Mizrachi.

La norma establece una estructura con rangos de tradición policial y militar: cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor. Además, autoriza a sus agentes a portar “armas de fuego cortas y largas, que no sean de guerra”, realizar requisas corporales, registrar vehículos y aprehender ciudadanos, facultades que, según el Ministerio de Seguridad, invaden competencias que la Constitución reserva a los estamentos de seguridad del Estado.

El acuerdo ya ha sido objeto de dos acciones judiciales.

La Policía Nacional presentó una acción de inconstitucionalidad en febrero de 2026 contra el acuerdo. Sin embargo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso.

Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública presentó una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso sí fue admitido y busca dejar sin efecto el acuerdo que creó la Policía Municipal.

El lunes, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo.

Según Cedeño, la creación de este cuerpo de seguridad, que depende de la Alcaldía de Panamá, “excede las competencias” de un consejo municipal y debió establecerse mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional. El recurso fue admitido.