A cinco días del periodo de sesiones, la Asamblea Nacional llega a su recta final con un balance mixto: avances en productividad, rezagos institucionales y grandes deudas en materia de transparencia.
Mientras el presupuesto general del Estado para 2026 avanza hacia su aprobación en tercer debate, persisten las sombras sobre el tamaño de la planilla legislativa y la falta de discusión sobre proyectos anticorrupción.
El presupuesto: la gran batalla
El proyecto de presupuesto general del Estado para 2026 ($34,901 millones) se convirtió en el centro del debate político de las últimas semanas. Aprobado en segundo debate el pasado miércoles, se espera que el pleno lo someta a tercer debate el próximo lunes, en lo que será la última gran votación antes del 31 de octubre.
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Para la diputada Patsy Lee, electa por el Partido Popular y aliada de la bancada independiente Vamos, el documento “no refleja el plan estratégico gubernamental” del presidente José Raúl Mulino. En conversación con La Prensa, Lee explicó que votó en contra porque el presupuesto “no aborda de forma realista la generación de empleo”, una de las principales promesas de campaña del mandatario.
“Hay necesidades urgentes en mi provincia de Panamá Oeste que no se ven reflejadas. Es un presupuesto que no proyecta hacia dónde quiere ir el país”, advirtió la diputada, quien también apuntó que el debate presupuestario dejó al descubierto la falta de coherencia entre los discursos del Ejecutivo y las prioridades de gasto.
Comisiones más activas, pero la transparencia sigue pendiente
A pesar de las críticas, Lee reconoce señales positivas en el funcionamiento interno del Legislativo. Según afirmó, el ingreso de diputados independientes y de agrupaciones distintas al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Realizando Metas (RM) a las presidencias de las comisiones ha dinamizado el palacio Justo Arosemena, pues ahora “trabajan con mayor frecuencia y muestran una voluntad real de avanzar en proyectos que estaban estancados”.
Sin embargo, la diputada advierte que aún hay fuerzas dentro del pleno que buscan frenar iniciativas orientadas a la rendición de cuentas. “Hay actores que prefieren que los proyectos de transparencia no avancen, pero la Asamblea está cambiando. Se nota más apertura y un ritmo de trabajo distinto”, aseguró.
Cedeño: ‘Nos faltó tiempo para los proyectos anticorrupción´
El diputado Ernesto Cedeño, jefe de la bancada Seguimos, que agrupa a los tres diputados del Movimiento Otro Camino y al independiente Betserai Richards, coincide en que el periodo deja sensaciones encontradas. “Por supuesto que como Asamblea nos faltó debatir con el tiempo debido los dos proyectos anticorrupción que presentó el procurador Luis Carlos Gómez. Era fundamental que completaran los tres debates antes del cierre de octubre”, dijo.
Los proyectos que presentó el procurador están estancados en la Comisión de Gobierno que preside el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, quien ha dicho que “mientras más me ponen presión, más me pongo lento”.
Entre los temas pendientes, mencionó el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), para disminuir privilegios a los diputados, y cuya reforma sigue sin concretarse pese a ser una de las principales promesas de transparencia del actual presidente legislativo, Jorge Herrera, diputado del Partido Panameñista que llegó a la máxima silla del palacio Justo Arosemena con el voto de la bancada independiente Vamos, la bancada Seguimos, y algunos diputados de Cambio Democrático (CD), entre otros.
No obstante, Cedeño rescató el “dinamismo de la mayoría de las comisiones”, aunque no perdió el tono crítico:
“Me hubiera gustado degustar el exterminio de las oficinas VIP de algunos diputados”, ironizó, en alusión a los privilegios de veteranos perredistas como Benicio Robinson y Raúl Pineda.
Tampoco hay información sobre la asistencia al pleno legislativo en el actual periodo de sesiones ordinarias. El último listado de asistencia disponible en asamblea.gob.pa corresponde a abril de 2025.
La planilla, una herencia que no se toca
El compromiso de Jorge Herrera de reducir la planilla de la Asamblea también quedó a medio camino. Esta semana, la diputada de la coalición Vamos Alexandra Brenes denunció que, aunque la planilla cuenta oficialmente con 3,100 funcionarios, en un simulacro reciente del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) apenas participaron alrededor de 1,000.
La cifra reavivó las críticas sobre la existencia de personal “fantasma” o las llamadas “botellas” y el uso político de la planilla legislativa.
Los números
A finales de septiembre pasado, cuando sustentó el presupuesto del Legislativo para 2026, Herrera dijo que al momento de asumir la presidencia (1 de julio de 2024), en la partida 001 había 3,090 empleados. Añadió que al 31 de agosto, el número se redujo a 3,047 servidores.
Mientras que en la partida 002 había 1,661 funcionarios y actualmente hay 1,141. “Una reducción de casi 400 posiciones”, manifestó.
La Asamblea solicitó $177 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó $98 millones, divididos de la siguiente manera: funcionamiento ($95 millones) e inversiones ($3 millones).
Más de 60 proyectos esperan turno
En la agenda del pleno figuran más de 60 proyectos de ley aún pendientes. Entre ellos, el proyecto de ley 164, que reforma la Ley de la Defensoría del Pueblo y actualiza el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, así como el proyecto 111, que crea un programa de acogimiento temporal para niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental.
Aunque los diputados aspiran a aprobar la mayor cantidad posible antes del 31 de octubre, la realidad legislativa se impone: no todos los temas llegarán a votarse. Varios diputados han insistido en que “no se trata de aprobar leyes por aprobar”, sino de asegurar debates sustantivos que eviten que las normas se conviertan en “letra muerta”.
Una Asamblea con luces y sombras
A las puertas del cierre del periodo, la Asamblea de 2025 muestra un rostro contradictorio: más activa, más diversa y con debates más nutridos, pero todavía atrapada en viejos hábitos. Las promesas de transparencia, la reducción de privilegios y la revisión de la carrera legislativa continúan pendientes.
