La magistrada Zaira Santamaría de Latorraca, presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), justificó la designación de su hija Sherina Latorraca, quien desde abril pasado es directora de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Aunque son dos entidades autónomas, con patrimonio y jerarquía propia, el TACP y la DGCP forman parte de la misma jurisdicción (la de contrataciones públicas). Si bien la magistrada Latorraca sostiene que uno no guarda relación con el otro, al tribunal que ella dirige le corresponde atender todas las reclamaciones no resueltas por la DGCP “dentro del término que tiene para resolver”, así como las apelaciones que se presenten contra las resoluciones que emita dicha dirección.
Por tanto, la magistrada sostiene que no existe conflicto de interés; incluso señaló que su hija, pese al alto cargo que ocupa, “no participa en la toma de decisiones de la DGCP”.
La contratación de Sherina —quien enfrentó un proceso judicial por un accidente de tránsito ocurrido en 2003, en el que murió un menor de edad y su madre sufrió graves lesiones— fue uno de los puntos más álgidos de la presentación de la magistrada Latorraca, quien este lunes 24 de agosto acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el presupuesto solicitado para 2027, que es de $2.6 millones.
El diputado de la bancada Vamos, Jhonathan Vega, puso el tema sobre la mesa y sin tapujos se refirió a los conflictos de intereses y la percepción de favoritismo en el acceso a cargos públicos.
“Existe un tema de conflicto de intereses”, sostuvo Vega, para quien ambas instituciones se entrelazan: mientras la DGCP ejerce funciones de regulación y fiscalización en los actos de contratación pública, el TACP conoce y resuelve controversias y acciones de reclamo precisamente originadas en aquellos procesos de contratación.
La magistrada rechazó el señalamiento y aseguró que, antes de que su hija aceptara el cargo, realizó consultas ante la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
En su defensa, la magistrada incluso aseguró que su hija no participa en la toma de decisiones de la DGCP ni tiene facultades para firmar aquellas resoluciones que luego son apeladas ante el tribunal a su cargo.
Luego detalló cuáles son las funciones que desempeña su hija: revisar consultas jurídicas y elaborar “conceptos” que posteriormente son remitidos al director de la DGCP, quien finalmente adopta decisiones a través de resoluciones administrativas.
“Ella no está en un lugar donde se tomen decisiones jurisdiccionales ni tiene firma”, aseguró la magistrada.
Pero la explicación no convenció a Vega.
El diputado insistió que, más allá de las competencias formales de cada cargo, existe una relación institucional que puede generar cuestionamientos sobre la independencia y transparencia del sistema.
“Esto ocurre en muchas partes y deja un mal sabor”, le dijo el diputado a la magistrada tras insistir en que resulta difícil desligar completamente ambas instituciones.
‘¿Cómo se garantiza la transparencia?’
El cuestionamiento alcanzó uno de sus momentos más tensos cuando Vega preguntó a la magistrada cómo se podía garantizar públicamente que los nombramientos respondan a méritos profesionales y no a favoritismo familiar.
Zaira Santamaría, magistrada del @tacpanama sustentó el presupuesto de la entidad 2027, el recomendado por B/.2.6 millones en funcionamiento; solicitó un millón para inversión para adecuar las instalaciones, la accesibilidad para personas con discapacidad, entre otras mejoras. pic.twitter.com/GWJSKOEEcc
— Asamblea Nacional (@asambleapa) August 24, 2026
Santamaría de Latorraca defendió su trayectoria y la de su hija. Recordó que su designación como magistrada del TACP se produjo después de un concurso y que posteriormente fue escogida por el presidente José Raúl Mulino.
“Yo tengo mi trayectoria en este país y tengo que mantener mi buen nombre”, aseguró.
Explicó que su hija laboraba anteriormente en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh). Entonces la llamó el director de la DGCP, Javier Raúl Marquínez, para -según ella- atender las consultas legales acumuladas.
La magistrada contó que cuando supo que su hija había sido “considerada” para el puesto, le pidió que no aceptara hasta que ella realizara las consultas correspondientes.
“Cuando él [Marquínez] le pidió ese puesto, yo ni siquiera intervine, yo ni siquiera sabía”, dijo.
Vega, sin embargo, volvió a la pregunta de fondo: si la relación familiar y la cercanía funcional entre ambas instituciones puede generar un conflicto de intereses.
“Si usted lo analiza fríamente, no existe conflicto de intereses”, respondió Santamaría de Latorraca.
La magistrada argumentó que, aunque ambas instituciones llevan la denominación de “contrataciones públicas”, tienen funciones distintas y que el tribunal solamente conoce las acciones de reclamo que no hayan sido resueltas previamente por la DGCP.
El antecedente
El presidente Mulino designó a Santamaría de Latorraca en diciembre de 2025 como magistrada del TACP. Su mandato termina el 28 de diciembre de 2029.
Antes ocupó cargos dentro del Órgano Judicial y fue directora interina de la Escuela Judicial.
En 2010, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue designada como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia, pero no fue ratificada por la Asamblea Nacional.
Su hija Sherina enfrentó un proceso judicial por un accidente de tránsito ocurrido en 2003, en el que murió un menor de edad y su madre sufrió graves lesiones. El caso lo conoció la jurisdicción de niñez y adolescencia, que la absolvió por considerar que el atropello ocurrió por un descuido de las víctimas. Esta decisión generó un amplio debate público y duras críticas. En aquella época, la hoy magistrada Latorraca fungía como juez municipal.
