El Tribunal Electoral (TE) llegó este martes 26 de agosto a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional con una petición que abrió un debate incómodo: ¿hasta dónde los seguros privados de sus funcionarios son un derecho laboral… o un privilegio sostenido con fondos públicos?
El TE sustentó un presupuesto de 112.6 millones de dólares para 2026, pero uno de los focos de las preguntas no se concentró en la cifra global.
Fue un rubro mucho más pequeño, en apariencia marginal dentro del engranaje financiero, el que atrajo la atención: los 1.9 millones de dólares solicitados para seguros de vida, salud y bienes.
Un beneficio bajo la lupa
Fue la diputada independiente Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, quien introdujo el tema en la sesión.
La diputada de Veraguas, pidió explicaciones puntuales sobre el alcance de las pólizas y encontró un terreno fértil para la polémica: mientras el seguro de vida sí cubre a toda la planilla de la institución, el de salud y bienes no beneficia a todos los colaboradores.
Más aún, el de bienes incluye, además de la protección sobre la flota vehicular institucional, el pago parcial de cuotas de carros personales de algunos funcionarios.
“Esto constituye una especie de privilegio”, cuestionó Prado.
Los magistrados se defendieron. Alfredo Juncá sostuvo que los seguros deben entenderse como un “salario emocional”, en reconocimiento a las largas jornadas que cumplen los funcionarios, muchas veces en fines de semana y sin pago de horas extra.
Por su parte, su colega Luis Guerra Morales amplió la lista de apoyos que ofrece el TE a sus trabajadores: tiempo compensatorio, un Centro de atención a la Primera Infancia, ferias libres para alimentos, dos médicos generales y una clínica odontológica.
“No lo vería como privilegio. Son servicios que les prestamos a los colaboradores frente a los bajos salarios”, añadió.
El debate dejó cabos sueltos: el TE no precisó desde cuándo están vigentes los contratos de seguros ni aclaró cuántos funcionarios se benefician realmente de estas coberturas.
Según la planilla publicada en la plataforma de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la institución registraba al menos 3,600 funcionarios en julio pasado.
Una cifra que se diluye en los papeles
El asunto se torna más complejo cuando se compara con la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La entidad solo recomendó 186,043 dólares para seguros, muy por debajo de lo que pidió el TE.
A simple vista, esto podría interpretarse como un recorte sustancial. Sin embargo, los magistrados del TE y los funcionarios que los acompañaron en el debate reconocieron que los contratos con dos aseguradoras, cuyos nombres no se revelaron, están vigentes.
Significa que continuarán pagándose mediante créditos adicionales y traslados de partidas.
Los magistrados también argumentaron ante la Comisión de Presupuesto que 35 millones adicionales para cubrir todas sus responsabilidades en 2026. Sin embargo, el MEF les recomendó 112.6 millones de dólares.
El aumento de salario de los magistrados
La diputada Prado también cuestionó si, dentro del renglón de servicios personales, que representa el 66% del presupuesto, es decir, 71.4 millones de dólares, se contemplaba algún aumento de salario para los magistrados.
Al igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los tres magistrados del TE también incrementaron sus emolumentos. De $10 mil mensual, pasaron a ganar $14 mil.
Anteriormente percibían un salario de 6 mil dólares mensuales y 4 mil dólares en gastos de representación. No obstante, ahora el salario base será de 10 mil dólares mensuales, más 4 mil dólares en gastos de representación, lo que supone un incremento total de 4 mil dólares.
Johana Fuentes, subdirectora de Recursos Humanos, evitó referirse directamente sobre el tema. Explicó que se trata principalmente de nuevas posiciones: auditores de financiamiento político para reforzar la dirección, y dos directores regionales, uno de ellos en Arraiján. Dijo que algunos aumentos de salarios corresponden a leyes especiales; además, y para nivelar los sueldos de los directores regionales, que actualmente presentan diferencias significativas entre sí.
Un debate que trasciende al Tribunal Electoral
El caso del TE no es aislado. El Órgano Judicial se encuentra en proceso de contratar un seguro médico privado para sus funcionarios por 15 millones de dólares.
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El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, cuestionó duramente el elevado costo del seguro privado.
Considera desproporcionado destinar $15 millones a pagar una póliza privada cuando muchos juzgados carecen de recursos básicos.
Esto refleja, dijo, “una prioridad equivocada. El presupuesto del Órgano Judicial debe destinarse primero a garantizar justicia rápida y eficiente para los ciudadanos”.
