Los que apoyaron el contrato minero ahora lo repudian, mientras el Ejecutivo llama a sesiones extraordinarias por dos días

La tarde de este lunes llegaron a la Asamblea Nacional los dos proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo, en un intento por recuperar la paz social, luego de una semana de protestas ininterrumpidas en contra del contrato a favor de Minera Panamá, para la extracción de cobre en Donoso.

Como el pleno legislativo entra en receso a partir del 31 de octubre, el presidente Laurentino Cortizo convocó a sesiones extraordinarias, pero solo el 1 y el 2 de noviembre, para aprobar los dos proyectos de ley presentados este lunes. Más adelante, Cortizo podría extender las sesiones extraordinarias e incluir otros temas, como el presupuesto general del Estado para el año 2024, que todavía no ha sido aprobado.

Primero se presentó el proyecto de ley que convoca a una consulta popular el próximo 17 de diciembre, para decidir la terminación o no de la Ley 406 de 2023, que es la que adopta el contrato con Minera Panamá. El presidente Laurentino Cortizo prometió que el resultado de esta consulta será “vinculante”.

El proyecto llegó de la mano del ministro de Gobierno, Roger Tejada.

Tejada le dijo al pleno legislativo que Cortizo se vio “obligado” a firmar el nuevo contrato con la minera, “para preservar miles de puestos de trabajo y asegurar el crecimiento del producto interno bruto del país”.

Ahora, dice que le tocará al país decidir “si está de acuerdo o no está de acuerdo” con el contrato a favor de la Minera Panamá.

Luego fue el turno del ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, quien presentó el proyecto de ley que prohibe nuevas concesiones de minería metálica. La moratoria minera ya fue había sido adoptada a través del Decreto Ejecutivo 23 del 27 de octubre pasado, pero Alfaro indicó que ahora se elevará a categoría de ley, atendiendo el clamor de varios gremios.

Alfaro dijo que las concesiones que ya están en trámite serán rechazadas en los próximos tres meses.

Acto seguido, el diputado presidente Jaime Vargas cerró la sesión y declaró un receso hasta el martes 31 de octubre, a las 9:30 a.m.

Antes de que llegaran los ministros Tejada y Alfaro, la Ley 406 fue repudiada por los diputados que la habían defendido y que incluso votaron por ella.

Algunos como la diputada Fátima Agrazal, de la bancada rebelde de Cambio Democrático (CD), pidieron disculpas. Agrazal incluso expresó que no recibió dinero a cambio de su voto.

El diputado Tito Rodríguez, del Molirena, que también votó a favor, se refirió a la reacción airada de la población por la aprobación del contrato con Minera Panamá. “Algunos de nosotros no podemos acercarnos a nuestro circuito”, reconoció.

Jairo Salazar, del PRD, instó a sus colegas a dar por terminado el contrato con Minera panamá. “Tenemos que derogarla”, dijo, en referencia a la Ley 406, aprobada en tercer debate, sancionada y promulgada en Gaceta Oficial en un mismo día: el 20 de octubre pasado.

“El país no aguanta una semana más de esto”, agregó Salazar.

El panameñista Luis Ernesto Carles reconoció que se “ausentó” del debate del contrato minero. Su circuito es uno de los que recibiría un porcentaje del aporte anual de $375 millones que haría Minera Panamá a favor de un fideicomiso estatal.

Por su parte, el perredista Leandro Ávila negó haber recibido “un solo dólar” por apoyar el contrato minero y pidió al panameñista Elías Vigil que revele quiénes son los diputados que habrían cobrado plata a cambio de su voto, si es que tiene esa lista.

Hay seis demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406, dos de las cuales ya fueron admitidas.