La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), solicitó este miércoles 19 de agosto al presidente, José Raúl Mulino, que objete por inexequible y no sancione el proyecto de ley 594 que reforma el Reglamento Interno del legislativo, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional.
La organización cuestionó, a través de una carta abierta, varias disposiciones de la iniciativa que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) del legislativo.
Según la Fundación, el proyecto desnaturaliza las funciones constitucionales de los diputados al establecer que estos deberán “gestionar, impulsar y fiscalizar” programas y proyectos específicos en sus circuitos, e incluso garantizar una inversión mínima para obras y proyectos sociales dentro del Presupuesto General del Estado.
La organización sostiene que los artículos 159, 160 y 161 de la Constitución enumeran las funciones del Órgano Legislativo y que ninguna de estas disposiciones sustenta la posibilidad de que los diputados gestionen o impulsen proyectos específicos en sus circuitos.
Además, señala que el artículo 163 prohíbe expresamente a la Asamblea Nacional inmiscuirse en competencias que son privativas de otros órganos del Estado.
La Fundación también advierte que la reforma invade competencias propias del régimen municipal. Cita los artículos 232, 233, 242, 243 y 250 de la Constitución, que asignan a los municipios, alcaldes, concejos municipales y juntas comunales responsabilidades relacionadas con el desarrollo local, la ejecución de obras públicas y la atención de las necesidades comunitarias.
“Transferir esas funciones a diputados no solo viola la Constitución, sino que además erosiona la autonomía municipal”, sostuvo la Fundación.
Alerta por clientelismo político
Uno de los principales cuestionamientos de la Fundación es que el proyecto podría reactivar prácticas asociadas al clientelismo político.
A su juicio, convertir a los diputados en gestores directos de proyectos y recursos para sus circuitos fomenta una relación de dependencia entre electores y políticos basada en “favores y en la distribución discrecional de recursos públicos”.
La organización recordó, además, un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2017, mediante el cual se declaró inconstitucional el esquema de partidas circuitales.
Según la Fundación, aquella decisión estableció que el constituyente no otorgó a la Asamblea competencias para administrar o distribuir recursos públicos con fines ajenos a la función legislativa.
“Esta reforma revive esta fórmula ya tachada de inconstitucional por la Corte Suprema, al convertir a los diputados en gestores de inversiones, proyectos y recursos públicos en sus circuitos”, advirtió.
Para la organización, sancionar el proyecto no solo contradiría disposiciones constitucionales, sino también la jurisprudencia de la Corte Suprema, al abrir nuevamente espacios para el clientelismo político, la asignación discrecional de recursos y el uso de fondos públicos como ventaja electoral.
Llamado a Mulino
La Fundación también apeló a los compromisos expresados por Mulino al asumir la Presidencia.
Recordó que, durante su discurso de toma de posesión, el mandatario afirmó que era momento de “hacerlo distinto”, recuperar el valor del servicio público y transformar prácticas que han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones.
También señaló que, al inicio de su gestión, Mulino manifestó que su gobierno no compraría apoyos legislativos ni se sometería a mecanismos de presión o intercambio político basados en prebendas.
“Hoy tiene usted la oportunidad de honrar ese compromiso”, planteó la organización.
La semana pasada, diputado independiente Roberto Zúñiga calificó como un “retroceso” la aprobación, en tercer debate, de las reformas al reglamento y pidió al mandatario vetar el proyecto.
El documento dejó por fuera propuestas de modificación relacionadas con la transparencia de las planillas de los diputados, la prohibición del nepotismo, el descuento a los diputados que no asistan al pleno y la eliminación de privilegios.
En cambio, avalaron propuestas incluidas a última hora, durante el segundo debate, para considerar como asistencia la participación de los diputados en actividades dentro de sus circuitos electorales, ampliar el periodo de incidencias y permitirles “gestionar” y “fiscalizar” obras.
